A través de una aplicación para realizar videollamadas, los concejales de Yerba Buena planean mantener hoy una inédita sesión. En lugar de congregarse en su vetusto recinto de la calle Solano Vera, se verán las caras desde la comodidad de sus casas y con sus respectivos dispositivos electrónicos, en el primer debate virtual en la historia de ese poder legislativo. La crisis por el coronavirus los ha urgido a tratar algunos asuntos, pero tras una discusión interna se convencieron de esquivarle a una reunión presencial e inclinarse por una teleconferencia.
En la ocasión, planean declararse en estado de sesión permanente, hasta que concluyan las medidas de confinamiento dispuestas por el Gobierno nacional. Eso significa, básicamente, que el Concejo Deliberante pasará después de esta teleconferencia a un cuarto intermedio; es decir, la sesión no concluirá sino que quedará abierta para cuando requieran volver a expedirse, de manera rápida.
Además, se relajarán los caminos administrativos que debe seguir cualquier proyecto para que se lo debata y apruebe. Por ejemplo, aunque se encuentran suspendidas las reuniones de las comisiones de trabajo, se habilitará a la mesa de entradas a recibir documentos e ideas relacionados a la emergencia sanitaria.
¿Cuál es el objetivo de todo esto? El presidente del cuerpo, Rodolfo Aranda, cree que así podrían acompañar al Ejecutivo local en la lucha contra la pandemia. Una segunda pregunta que podría surgir es si una sesión mediante un celular o una computadora tiene validez legal. Aranda piensa que sí y menciona el caso de Mendoza. La Legislatura de esa provincia modificó su reglamento interno y tomó una innovadora decisión que hoy es comentada en gran parte del país: el 24 de marzo realizó una sesión virtual. Tanto los legisladores como los taquígrafos cumplieron su función, sin romper las medidas de restricción social.
Restringir el acceso
Amén de las formas, en la ocasión, los ediles debatirán un proyecto que -de prosperar entre ellos y obtener después la anuencia del intendente, el radical Mariano Campero-, cambiará más la vida de los ciudadanos en cuarentena: una ordenanza para restringir el acceso a la ciudad.
En la práctica, se establecerían puestos fijos de control de ingreso del tránsito y se implementaría una restricción en las calles que no integren ese “corredor seguro”, a fin de evitar la circulación y en consecuencia mitigar la expansión del covid-19. Se trata de una idea original del peronista Marcelo Albaca, al que otros fueron dándole forma.
Así las cosas, habría una decena de vías por las que se podría entrar a Yerba Buena, como las avenidas Perón, Aconquija o Solano Vera. Y muchas otras que serían bloqueadas con barricadas. Para pasar por esos puestos de control, los conductores deberán acreditar su residencia o tratarse de trabajadores o proveedores de alimentos, medicamentos, dinero para cajeros, combustible, etcétera. La disposición estaría vigente mientras dure la cuarentena.
No obstante, algunos concejales han hecho oír sus reparos, como el peronista Héctor Aguirre, quién ha calificado la ocurrencia de complicada y violatoria de derechos constitucionales. “En todo caso, si no se permitirán los ingresos tampoco deberían permitirse los egresos”, razona él, y cita dichos de Campero de hace unas semanas, cuando destacó que, por aquel entonces, la mayoría de las personas con sospecha de contagio correspondía a ese municipio.
El edil tampoco coincide con la idea del intendente de abrir una cuenta bancaria a fin de reunir fondos para adquirir equipamiento para el centro asistencial Carrillo, pues considera que debería poner esa estructura sanitaria a disposición del Gobierno provincial. Anteayer, desde la Municipalidad anunciaron que esa clínica -la única de gestión pública de Yerba Buena- podría transformarse en un hospital de campaña.
El concejal Alejandro Sangenis también se muestra cauto con la idea de restringir el tránsito vehicular. “Tiene que prevalecer la prudencia. Y debemos insistir mucho en la concientización, como ha estado haciendo la Guardia Urbana con megáfonos en las calles”, opina. El anuncio sobre el Carrillo, en cambio, le suena atinado. “Nada será suficiente para afrontar lo que se viene”, arriesga.
En el cónclave establecerían otras restricciones, como exigir la desinfección de los locales comerciales y sus productos antes de las aperturas diarias, obligar a los ciudadanos a usar barbijos para hacer sus compras, obligar a los empleados a atender con cubrebocas y fijar la permanencia de una persona por cada 10 metros cuadrados. Idénticas medidas pedirían que se adopten en los bancos.
Finalmente, como no existen faltas a la salud pública municipal, barajan introducir -primero- esa figura. Una vez que hayan dado ese paso, fijarían lo siguiente: quienes atenten contra la salud pública, al facilitar la propagación de enfermedades, serían penados con una multa que va desde los 1.500 a los 3.000 litros de nafta súper de la petrolera YPF. Es decir, desde unos $ 90.000 hasta unos $ 180.000.
