Los ex presidentes, en compañía solo de sus custodias de extrema confianza, se volvían a ver las caras frente a frente; después de la entrega de mando en la que Cristina le negara el saludo. El convite fue originado desde el Instituto Patria de la mano del Senador Oscar Parrilli por instrucciones precisas de CFK.
Tal como relatara Christian Sanz el 27 de diciembre pasado, se arribaba a este conclave luego que el tema pasara por el tamiz de las segundas líneas de ambas fuerzas y la moneda de cambio es la impunidad. El embate de la justicia, especialmente de la Corte Suprema, decidió a Cristina a avanzar en este encuentro muy a su pesar; su malogrado ego nunca le permitió pedir y mucho menos suplicar.
La Senadora sabe que es su último esfuerzo en torcer el destino, que la desgraciada vida que ha llevado hasta aquí le tiene preparado. Como siempre que esta frente a un interlocutor, comenzó hablando ella sin mucho rodeo. La excusa esgrimida fue las complicaciones que ambos tiene con la justicia.
Ella con 298 denuncias acumuladas (la gran mayoría por corrupción), llego a totalizar 10 procesamientos y cuatro pedidos de prisión preventiva; además cuenta con cinco elevaciones a juicio (solo uno en ejecución), es la más apurada. Él todavía está un poco más holgado de tiempo y más aún después que el actual gobierno eliminara todos los órganos de control, según ellos por falta de personal. Si bien Mauricio sumo 214 denuncias, tiene por los menos 10 procesos activos; aún muy lejos de ser cosa juzgada.
Solo Dios sabe, que más se habló allí o cual fue la contestación de Macri. Solo el terreno de la malintencionada especulación marca que la puesta aportada por la Toloseña fue una amnistía general que los envuelva a los dos. Cuestión que ya no depende de ninguno de ellos con Alberto Fernández en el medio.
A la luz de los acontecimientos acaecidos hasta aquí, se sabe que sería imposible presentarle a la sociedad en su conjunto una amnistía de estas características. Sería como rememorar las leyes de Obediencia de vida (1987) y Punto Final (1986); bien instrumentadas por el gobierno Alfonsinista, pero mal ejecutadas. Por tanto, anuladas por el Congreso Nacional en 2005.
¿Se atreverían las vilipendiadas cámaras a sancionar algo así? ¿Sin que esto explote por los aires, como está por suceder? Esta vez no serían militares los que están sentados en el banquillo de los acusados. Se trataría de civiles sospechados de actos de corrupción (de la misma casta), en uso de la Administración del Estado; autoridad otorgada por el voto fraudulento del que se hace uso y abuso desde tiempos inmemoriales.
