La semana pasada quedó en la mira el funcionario municipal Enrique Romero al usar de forma despectiva la palabra “indio”, al referirse al periodista Juan José Márquez. El INADI repudió las declaraciones del subsecretario de tránsito de Germán Alfaro.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]“Claramente ofuscado se refiere al periodista diciéndole, vos sos un indio que vive en Tucumán, con un claro desprecio y tomando la expresión como un insulto, lo que resulta prejuicioso y una ofensa hacia los Pueblos Originarios”, indica el comunicado del organismo.[/su_note]
“Cabe señalar que en nuestra provincia hay alrededor de 17 comunidades indígenas reconocidas por el RE.NA.CI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas), estas comunidades, se ubican en las distintas localidades de Tucumán, y junto a las cientos de comunidades originarias que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país, forman la diversidad cultural, que son incluso preexistentes a la formación de nuestra Nación Argentina, por tal motivo merecen el respeto de la sociedad y más de las personas que como funcionarios públicos dan el ejemplo”, afirman.
Cabe recordar que todo empezó cuando el periodista le consulto sobre la transparencia en la selección de la empresa que administrara el estacionamiento pago de la capital y el destino de los “trapitos”, lo que provocó el enojo de Romero.
Enrique Romero tiene periódicamente visibilidad por sus modos de dirigirse a las personas y a los medios, en lo que parece ser una estrategia de prensa, se muestra insultando y despotricando a cualquiera que le plantea algo con lo que no está de acuerdo o también a los infractores de tránsito.
Resulta importante entonces remarcar que no se trata de una persona de a pie siendo grosera, sino de una persona que está cumpliendo funciones y que como tal tiene la obligación de mantener un trato respetuoso frente a los medios de comunicación en particular y frente a la sociedad toda.
Varias de las expresiones y sus dichos se viralizaron porque supuestamente resultan graciosas, y puede que lo sean, pero también son inapropiadas para las funciones de agentes del Estado y naturalizan un modo de proceder que nos afecta como comunidad.
Los cuidacoches son “una práctica ilegal” como sentenció Romero, pero también uno de los tantos trabajos informales que tiene nuestra provincia. Se trata de vidas concretas que se ven afectadas por las políticas públicas del municipio. Y sus funcionarios lejos de dar respuestas a estos interrogantes, arremeten con su violencia y su discriminación al aire y sin ningún tipo de tapujos.
