La Casa de Gobierno resolvió darle un importante refuerzo financiero a un sistema de subsidios a personas e instituciones “en situación de vulnerabilidad social” que rige hace casi tres décadas.
Entre enero y marzo, según los decretos firmados por el gobernador Juan Manzurque fueron publicados en el Boletín Oficial, el monto máximo para estas ayudas estatales pasó de $ 800.000 a $ 40 millones mensuales, con un tope de hasta $ 7.000 por beneficiario. Es decir que, a partir de los cambios, el Poder Ejecutivo (PE) aumentó esa capacidad de asistencia un 500%.
El mecanismo fue creado a través del decreto 125/1, dictado el 1 de febrero de 2000, durante la gestión del entonces gobernador Julio Miranda (PJ). La repartición encargada de estas ayudas sociales es la Secretaría General de la Gobernación, como sucede con otros sistemas de subsidios del PE.
Desde su puesta en vigencia, los montos mensuales fueron actualizados, siempre por decreto y, por lo general, cada dos años. Según los últimos antecedentes, en el ejercicio 2015 la suma de cada entrega mensual era de $ 400.000. Ese tope se mantuvo hasta el 3 de abril de 2017, cuando se habilitó a partir de ese momento un máximo de $ 800.000. El 7 de febrero de 2019 (decreto 275/1), se fijó un tope de $ 1 millón. Y cinco días más tarde se multiplicó ese límite por 20 (decreto 339/1), llegando a $ 20 millones el mensual para estas ayudas a personas e instituciones.
La actualización más reciente fue publicada el 24 de abril en el Boletín Oficial. Con la firma del decreto 783/1, el gobernador modificó “a partir de marzo” la habilitación a la Dirección de Administración de la Secretaría General de la Gobernación “a emitir órdenes de pago por hasta la suma de $ 40 millones por mes para afrontar la atención de las necesidades de la comunidad, mediante el otorgamiento de subsidios”. En los considerando, el instrumento expresa que estos fondos serán destinados al pago de ayudas “que requieren ser otorgadas de manera urgente, para asegurar una adecuada atención de las demandas de instituciones y de personas en situación de vulnerabilidad social”. En otro párrafo, se establece que los subsidios “serán otorgados por la secretaria General de la Gobernación”, a cargo de Silvia Laura Pérez, y “no podrán superar los $ 7.000 por institución y/o persona”. También faculta al subsecretario de esa repartición, Pedro Pablo Sandilli, a otorgar ayudas “por hasta $ 2.000 por persona y/o institución”.
“Gente que necesita”
Fuentes del Poder Ejecutivo con incumbencia en este sistema de subsidios explicaron que los aumentos en los topes están fundados en los requerimientos sociales, consecuencia de la crisis económica. “Son las ayudas que se están dando a gente que necesita. Ahora, por el tema del incremento en las facturas de la luz, se presentan mayores necesidades. Antes se autorizaba a una determinada cantidad; este (último decreto) aumenta (los montos), en consecuencia a eso se ha visto el incremento (en las demandas sociales)”, detallaron en el Gobierno. Se insistió en que “es una instrucción” del Ejecutivo “ayudar a la gente, en la medida en que se lo solicite”. La fuente aclaró que se trata de “subsidios personales”, que requieren “la presentación de una nota, fotocopia del documento nacional de identidad y carta de pobreza”, entre otros papeles. “Todo supera los controles del Tribunal de Cuentas”, sostuvieron en el oficialismo.
Detalle de beneficiarios
El Gobierno provincial tiene la potestad de entregar ayudas sociales a través de la Secretaría General de la Gobernación gracias a distintos mecanismos.
En la mayoría de los casos, cuando se publican las órdenes de pago en el Boletín Oficial, se adjuntan las nóminas de los beneficiarios. Al margen de los controles del Tribunal de Cuentas, no se da esa difusión en el sistema de subsidios previsto por el decreto 125/1.
Los instrumentos que convalidan las erogaciones por esta vía expresan la solicitud de “aprobación al solo efecto de rendir cuentas”; además, consignan la normativa que sustenta el acto administrativo, las “presentaciones efectuadas por distintas personas” -incorporadas al expediente físico-, los informes de Contaduría General de la Provincia y de Fiscalía de Estado, y el monto del gasto (siempre lindante con el límite autorizado), junto con el número de entrega (de 1° a 12°) de ese ejercicio.
En el caso de los planes interzafra, que también son refrendados por la Secretaría General de la Gobernación, se indica la entidad gremial a través de la cual se gestionó el aporte. Se añade también un documento digital donde aparecen nombre y apellido, DNI y número de beneficiario. Así, según se dio a conocer, en enero de este año fueron girados $ 5,37 millones para 2.469 afiliados a la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (decreto 172/1); $ 405.000 para 190 beneficiarios de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (decreto 174/1); $ 4,86 millones para 2.752 integrantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales Estibadores (decreto 173/1); y $ 121.230 para 90 miembros del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación (decreto 189/1).
Idéntica difusión tienen las ayudas a clubes, cooperativas, instituciones religiosas, organizaciones sociales y artistas. En todos estos casos, con el decreto de entrega del aporte, es posible conocer quién o quiénes fueron los destinatarios. En marzo, entre todas esas entidades, sumaron subsidios por $ 13,6 millones, según los registros públicos del Poder Ejecutivo.
AUTOR
Luis María Ruiz
