En el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) recordaron que, mediante resolución 366/18 del 28 de diciembre de 2018 la Secretaría de Energía de la Nación decidió aumentar el costo de la energía en un 55% en febrero, mayo y agosto de este año. Y, además, también ajustar la potencia en un 150%. “Esto significa que en estos tres años y meses de gestión el Gobierno nacional aumentó el precio de la energía de $ 68 a $ 2.200 el megavatio-hora (MWH)”, indicó el vocal de ese organismo, Santiago Yanotti. El funcionario remarcó que la suba fue seis veces más que el dólar y 20 veces más que la inflación. Adicionalmente se decidió eliminar la Tarifa Social.
“Esta Tarifa Social fue creada por el entonces Ministerio de Energía de la Nación en 2016. Fue el argumento del Gobierno nacional para justificar estos incrementos ante la exigencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de considerar a la energía como un derecho social al que todos los ciudadanos, bajo determinada regulación, deben poder acceder”, remarcó el funcionario.
El texto del acuerdo
A su criterio, no hay obligación de la provincia para reinstaurar esa medida, por imperio del Consenso Fiscal, firmado por la Nación y los gobernadores, entre ellos el tucumano Juan Manzur.
El acuerdo firmado prevé que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires participarán de la Tarifa Social”, y el resto de las provincias definirán “en función de sus posibilidades” una tarifa diferencial, recordó.
“Es falso que se hayan transferido recursos nacionales para esto”, insistió. Destacó, además, que la eliminación de esta Tarifa Social se realizó el último día hábil de 2018, aplicable a partir del primer día hábil de 2019. “Sin tiempo para nada y con el presupuesto provincial proyectado, discutido y aprobado por la Legislatura provincial”, puntualizó.
A su criterio, el problema no es la Tarifa Social, sino la regulación instrumentada, en forma unilateral, inconsulta a las provincias y sin escuchar razones. “Este sistema ha fracasado. Urge discutirlo y cambiarlo. Hoy vemos familias protestando, pero el problema los trasciende. Golpea a los comerciantes, a las PyME, a la industria, al sector público e incluso al mismo sistema eléctrico”, enumeró.
Según Yanotti, no parece lógico que en Chile se pague más barato el gas argentino que en la misma Argentina. “Tampoco que el presupuesto nacional destine más de $ 30.000 millones a subsidiar la exportación de energía y ni un solo peso a las familias argentinas en condición de vulnerabilidad social y económica”, finalizó.
