Crece la preocupación en la dirigencia gremial bonaerense por el incremento de la carga impositiva sobre el sector agropecuario en dos partidos de la provincia.
En el partido de Laprida, el Concejo Deliberante aprobó una séptima cuota extraordinaria a la tasa vial con vencimiento en diciembre, cuyo monto implica un aumento de alrededor del 35% respecto a la sexta cuota que iba a ser la última que tenían que pagar en el año los productores. La tasa vial es para conservación de caminos, algo que los productores objetan no recibe la suficiente contraprestación. De esta manera, según la superficie, el aumento entre $1376 por hectárea en campos de 200 hectáreas o menos y $2439 por hectárea para los de más de 1400 hectáreas.
En tanto, en Azul, las alarmas se encendieron por la posible imposición de una nueva tasa, denominada “Impuestos Esenciales Municipales”, que obligaría a los productores a pagar el equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes. Forma parte del proyecto de presupuesto para el próximo año.
“Nos preocupa, en términos generales, que en los municipios empiecen a inventar nuevas tasas o a aumentar la cantidad de cuotas de las que ya están vigentes para tapar estas brechas fiscales surgidas a raíz del aumento del gasto y la inflación”, manifestó Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Alertó que quieran imponer nuevos aumentos en un contexto en el que la capacidad de pago de los contribuyentes “está agotada” porque “el proceso inflacionario ha afectado a todos los contribuyentes, no solo en el ámbito municipal”.
Agregó que, en el caso particular del sector agropecuario, “no está en condiciones financieras” para abordarlos. “Lo que los gobernantes deben entender es que el sector viene de una sequía muy fuerte con pérdida total de capital de trabajo; entonces, más allá de que sea necesario para la comuna, es imposible incorporar cuotas nuevas, son pagos adicionales por este año”, expresó.
En el caso específico de Azul, la preocupación se centra en que el pago resulta financieramente insostenible para los productores debido a su elevado costo. “Para los productores de Azul, tiene un costo superior a los 2300-2400 millones de pesos anuales, pudiendo ser aún mayor, ya que ajustaría de acuerdo al precio del litro del gasoil por hectárea. Es impagable”, dijo. Como toda tasa, debe tener una contraprestación de un servicio. Sin embargo, en este caso no queda claro cuál será, aunque se habla de que irá destinada a salud, educación, deporte, entre otros rubros.
Salaverri indicó que el prosecretario de la entidad, Carlos Bilbao, asistirá hoy a las 19 a una asamblea que se realizará en Azul para debatir sobre la tasa. El encuentro fue convocado por Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), y la Sociedad Rural de Azul.
“Se siente un ambiente muy denso en Azul, de mucho malestar”, expresó Hernán Moreno, presidente de la Sociedad Rural local. En ese sentido, explicó que es una medida que no impacta solo en el sector rural, sino también en el sector urbano. Detalló que incluso los residentes urbanos tendrán que abonar el equivalente a un litro de gasoil por cada casa.
“La sensación local es casi peor que la 125 [resolución de 2008 sobre retenciones móviles que enfrentó al campo con Cristina Kirchner]. Aunque en ese entonces hubo apoyo desde la ciudad, en este caso hay mucha gente que no está relacionada al campo y está enojada porque no solo afecta a los inmuebles rurales de media y una hectárea, sino también a los urbanos”, apuntó.
El dirigente contó que hoy, junto con representantes del Centro de Empresarios de Azul, representantes de Federación Agraria local y representantes de la SRA y la Rural de Azul, se reunieron con los concejales en el Concejo Deliberante. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo. “Reunión cordial, les planteamos los argumentos, pero no pudimos lograr ningún acuerdo. Nos levantamos de la reunión igual que cuando entramos. Esa es la sensación que nos dio”, sostuvo.
Por su parte, en Laprida, como se indicó, el incremento de la presión impositiva es de la mano de la imposición de una séptima cuota extraordinaria a la tasa vial con vencimiento en diciembre.
“Como regalito de fin de año y de forma sorpresiva, nos agregaron una cuota adicional de tasa vial. Sin consultarnos ni darnos la posibilidad de intervenir”, reclamó Luis Crippa, presidente de la Sociedad Rural de Laprida. El dirigente contó que no es la primera vez que ocurre.
Hace dos años, al final de la pandemia, el intendente que llegó por el Frente de Todos, Pablo Torres, logró que el Concejo Deliberante apruebe el cobro del equivalente a un “alfajor Jorgito simple” por hectárea a los productores para financiar un bono para trabajadores municipales y esenciales de su ciudad como estímulo ante la pandemia por el coronavirus.
En este caso, explicó que equivale a un aumento de aproximadamente un 35% respecto a la sexta cuota, aunque va variando de acuerdo a la cantidad de hectáreas. “Todos los intendentes que tuvimos, que se turnaron entre radicales y peronistas, siempre mantuvieron en buenas condiciones los caminos rurales. Era como una política de Estado. Nuestros caminos eran un ejemplo y la envidia de los partidos vecinos”, cuenta. Explicó que casi el 90% de los contribuyentes pagaban la tasa.
Sin embargo, aseguró que con este último mandato todo cambió. “Esta administración tuvo un problema de maquinaria que se le rompió y no la pudieron reparar, así que están con un parque de un 50%. Con la mitad del parque están bien como deben estar”, dijo.
La mayor carga impositiva generó el rechazo de otras entidades y una muestra de apoyo a las rurales donde se registra el avance de la presión tributaria. “Políticos, achiquen gastos: frenemos la ola de nuevos impuestos”, dijeron en un comunicado un grupo de sociedades rurales del sudeste bonaerense.
Las entidades manifestaron su solidaridad con sus pares de Azul y Laprida ante lo que consideraron “otro atropello de los gobiernos de ambos municipios a la economía de los productores y vecinos con la creación de nuevas tasas”. Afirmaron: “No aceptamos financiar la ineficiencia política con más presión tributaria”.
En la misma línea, la Sociedad Rural de Bolívar también se pronunció. “Nuevamente, los platos rotos los pagamos no solo los productores, sino las pymes comerciantes y la población en general. Agregado a esta situación existe la ‘separata impositiva’, los problemas de comercialización, la inflación y un tema muy preocupante como es la inseguridad rural”, reclamó.
Enviaron una carta a Carbap para solicitar “coordinar distintas reuniones y/o asambleas zonales en donde se discutan alternativas a seguir”.
