La movida, tibia y tímida, se advirtió desde este mismo espacio el pasado 12 de agosto. Fue cuando empezaron a discutirse los lineamientos de lo que terminó siendo el despacho de comisión de las últimas horas.
Entonces, hace 9 días, Oscar Parrilli advirtió que se buscaría promover un artículo dentro de la norma de marras para que los jueces denuncien a los medios de comunicación si se sentían presionados por estos.
“Acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, advirtió el valet de Cristina Kirchner.
Pocos le dieron importancia a sus palabras, porque parecía un comentario “al pasar”. Una idea loca que jamás pasaría el filtro del propio gobierno.
Pero finalmente se concretó. Y era lógico que ocurriera, porque Parrilli jamás habla por él, sino por su jefa, la vicepresidenta.
Ello explica por qué el oficialismo nunca mostró el proyecto, siquiera en el marco de la discusión en Comisión que culminó el miércoles por la noche. “El PJ votó un despacho que no leyó”, dijo la senadora Nacional Pamela Verasay a Tribuna de Periodistas, graficando la gravedad de la situación.
Sin embargo, debe decirse que la frase de Parrilli no fue la única señal que denotó el avance del gobierno sobre los medios: el 2 de mayo pasado el vicepresidente del ENaCom, Gustavo López, reveló a la TV Pública que se estudiaba la posibilidad de “regular” el funcionamiento de los portales de internet.
Con la pandemia del coronavirus como excusa, so pretexto de las fake news, el funcionario sostuvo: “Esas noticias falsas se pagan, y los jueces deberían estar cerrando esos portales, porque no están protegidos ni por la Constitución ni por el Pacto de San José de Costa Rica, y generan alarma en la población”.
Luego, el 8 de julio, llegó el turno del militante del Frente de Todos y abogado de Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi, quien advirtió que debe “reglamentarse” el periodismo: “Tendrían que tener un límite”, sostuvo textualmente.
Al mismo respecto, el polémico letrado acusó a los cronistas de haber aprendido “las malas tradiciones judiciales” respecto de que la actividad periodística “no está sometida a ningún control”.
En dicho contexto, cabe preguntarse: ¿Por qué la evidente saña del gobierno con los medios de comunicación? ¿A qué se debe la extrema necesidad de que no se cuenten ciertas noticias? ¿Acaso se pergeña una movida judicial tan escandalosa que los K necesitan que no se cuente?
A esta altura cabe aclarar que los medios y sus periodistas están alcanzados por la ley. No existe la “inmunidad” que suele agitar Cristina a la hora de referirse al trabajo de la prensa.
Cuando diarios, radios y canales de televisión actúan con irresponsabilidad, son pasibles de ser sancionados, civil o penalmente. Hay varias docenas de fallos que lo confirman.
Ergo, si un funcionario se siente afectado por una información periodística, bien puede hacer el reclamo legal pertinente. No hace falta ningún “articulado” especial, ni tampoco sancionar nuevas normas.
A menos que, como se dijo, se busque avanzar de manera tan escandalosa que se necesite la invisibilidad en los medios. ¿Es lo que viene, la impunidad de Cristina?
Lo que ha ocurrido preocupa, y mucho. Porque los medios son los ojos y oídos de la ciudadanía. Y, cuando la prensa no puede trabajar de manera independiente, la sociedad termina desinformada.
Por eso, en 1787, Thomas Jefferson —el tercer presidente de Estados Unidos— dijo tajante: “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.
