Un escándalo sacude al gremio de los judiciales tras revelarse el caso de la secretaria general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, María Nélida Paz, quien tiene dentro de su oficina nada menos que a un empleado de la Legislatura provincial desarrollando una serie de tareas. Esto significa que desde algún sector se le provee a esta mujer un empleado legislativo al que toda la sociedad paga el sueldo para que realice tareas en la oficina de Paz.
Es por ello que ayer ingresaron dos denuncias, una dirigida a la Legislatura en contra de Juan Andrés Guil, por desempeñar simultáneamente tareas judiciales para la secretaria general seccional 5 de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, María Nélida Paz. Es por ello que se pidió la sustanciación de sumarios administrativos, así como también la aplicación de cesantía.
El asunto es que el sindicado, desempeña simultáneamente su trabajo en el recinto legislativo y también el cargo de empleado judicial de facto. Esto se debe al hecho de que brinda labores en tribunales, las cuales están íntimamente relacionadas con la tramitación y diligenciamiento de cédulas para la cuestión. El asunto es que luego Juan Andrés Guil, se traslada a la sede que tiene Nélida Paz.
Cabe mencionar que la misma se encuentra en calle 9 de Julio 485 de la capital, hasta donde se traslada Guil para continuar con los servicios domésticos de Nélida Paz. Eso significa que, más allá de una gravísima falta administrativa de parte de este empleado infiel, se trata también de la comisión del delito de peculado de servicio por lo que corresponde que se inicie de forma inmediata un sumario administrativo al denunciado y que se disponga su cesantía.
Pero eso no es todo debido a que también se denunció a la gremialista ante la Corte Suprema por afectar las tareas al empleado legislativo conocido como Juan Andrés Guil. Al respecto, en la denuncia se solicitó también la urgente sustanciación de sumarios administrativos, lo mismo que el oportuno traslado por razones de transparencia y aplicación de sanción disciplinaria correspondiente.
La gravedad del hecho se sustancia en que Nélida Paz incurrió en un verdadero acto de impudicia e inmundicia institucional porque afectan a sus labores relacionadas con la confección y tramitación de cédulas, tarea que le destinaría a Andrés Guil. Todo se enmarca dentro de un contexto de falta de control de parte de la Corte Suprema al no observar lo que acontece en su órbita.
No en vano en la denuncia se explicitó que este despreciable accionar constituye una degradación del poder judicial y una genuflexión de los valores éticos y morales. De hecho, en la denuncia se hizo hincapié en el hecho de que el comportamiento de Nélida Paz se convierte en una nueva estocada a la República partiendo del hecho de que esta mujer incurrió en hechos delictivos al utilizar al empleado de la legislatura perfectamente individualizado para realizar tareas asignadas por la Corte Suprema.
