Una mujer que se desempeña como empleada del Colegio de Abogados de la capital tucumana, quien acusó ante el Consejo de la institución por acoso sexual a uno de los miembros de la conducción, terminó sancionada con una suspensión laboral, lo que llevó a que su abogado denunciara al Colegio ante el Inadi.
El caso comenzó a ventilarse puertas adentro de la entidad en febrero de este año. La denunciante señaló a Guillermo Arévalo, secretario del Colegio, como el responsable de una serie de actos que explicó en detalle y que, según dijo, ocurrieron durante dos años antes de que se decidiera a revelar el caso.
Su denuncia llevó a la sustanciación de un sumario, que por decisión del Consejo fue puesto en manos de Julia Chara e Ignacio Chasco Olazábal. Además, la conducción del Colegio dispuso la suspensión preventiva en sus funciones del acusado.
Al cabo de varios meses de investigación, basada en el análisis de los aportes de pruebas realizados por ambas partes, la conclusión de los instructores fue que había existido un “acoso sexual y laboral atenuado por la complejidad de las circunstancias fácticas” resaltando la asimetría que existía entre denunciado y denunciante.
Con ese informe, el Consejo decidió descartar la denuncia considerando que las anomalías halladas incumbían tanto a la empleada como a Arévalo. Es más, la notificación de la suspensión que el presidente Marcelo Billone remitió a la denunciante le endilga una “grave violación a sus deberes al pretender servirse de Arévalo para obtener ciertos privilegios”.
La mujer decidió judicializar el caso y llevar al Colegio de Abogados ante el Inadi argumentando violencia institucional. Su abogado Jorge Contrera fue el encargado de formalizar ambas denuncias.
La denunciante, quien dio detalles de las situaciones de acoso que dijo haber sufrido, consideró que la sanción a Arévalo constituye un reconocimiento del Colegio de Abogados de una situación que a la vez, busca ocultar, apelando a eufemismos con “inconducta” y castigándola a ella como promotora, cuando en realidad es la víctima.
“El secretario entraba a mi oficina y me miraba fijamente; detenía los ojos en mis senos y me decía que era muy linda. Me mandaba mensajes de WhatsApp donde me manifestaba que le ‘producía ratones en la cabeza’. Por los rechazos, luego pasaba a ignorarme, a no saludarme y a ‘destratarme’ en público”, describió en su acusación.
Arévalo, según reza en el expediente, respondió que “los ‘miles de mensajes’ que intercambiaron reflejaban una relación de profunda confianza entre ambos. Niega que exista una situación de miedo, y que es la propia denunciante quien promueve alguna salida e, incluso, quien le comenta que necesita abrazos. Dice que es impensado que la víctima de acoso le envíe mensajes para decirle que lo extraña y que no sabe por qué él está distante. Pide que se observe la curiosidad de la empleada sobre su vida íntima y conyugal. Expresa que es la denunciante la que se benefició con la relación y no a la inversa”.
“Arévalo buscó una amistad por fuera de mis funciones con lo que pretendía obtener beneficios de índole sexual a los que nunca accedí, situación que generaba por parte de este acciones que repercutían en mi tarea. Arévalo, quien era el encargado de firmar casi toda la documentación que debo tramitar en mi oficina, se ausentaba de manera sistemática cada vez que obtenía un ‘no’ de mi parte”, expuso la mujer ante el Inadi.
La judicialización de la causa, que amenaza convertirse en un escándalo para el Colegio de Abogados, fue anticipada por su presidente con esta advertencia: “hay colegas inescrupulosos que, ante la proximidad de las elecciones (internas), pretenden sacar algún rédito de esto, lo que por cierto es lamentable y evidencia su catadura moral”.
