En Tucumán, un centro médico sin prestaciones de alta complejidad, le facturó al PAMI 2500 millones de pesos en ocho meses. El escándalo involucra a funcionarios libertarios y también al bussismo, aliado de Javier Milei en la provincia. Sectores de Fuerza Republicana presionaron para acallar la denuncia, confiaron fuentes al tanto del escándalo a LPO.
Sanarte SRL es un centro de servicios médicos de baja complejidad y está a cargo de Guillermo Isa Massa. Ubicado en San Miguel de Tucumán, atiende a pacientes de PAMI. Desde el triunfo de Milei, la facturación del centro aumentó un 440%.
En noviembre de 2023, el centro médico le había facturado $42 millones a los afiliados de PAMI. Un mes más tarde, tras el comienzo de la gestión libertaria, ese número aumentó a $228 millones. En julio de 2024 la cuenta del PAMI alcanzó los $497 millones.
Si se compara con el mismo período de 2023, Sanarte facturó casi 50 veces más a la obra social de los jubilados. “No hay manera de que facturen eso, menos con las prestaciones que tienen”, le dijo a LPO una fuente del sector.
Luego de una auditoría se descubrió que el centro médico realizaba sobreprestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo, además de sobreprescribir medicamentos cuyo destinatario final se desconoce.
El posible desfalco aún no se hizo público, pero ya se llevó puesto a Martín Fernández González, un funcionario cercano a Bussi que llegó en mayo de este año a manejar Pami Tucumán.
Además de las sospechas de sobrefacturación al Estado, las maniobras de Sanarte hacían que los pacientes de PAMI consumieran las prácticas y recetas que tenían disponibles para todo el mes. Esto es especialmente grave porque el ajuste estructural del Pami que lleva adelante el gobierno de Milei, está dejando a muchos jubilados sin poder comprar sus remedios.
El posible desfalco aún no se hizo público, pero ya se llevó puesto a Martín Fernández González, un funcionario cercano a Bussi que llegó en mayo de este año a manejar Pami Tucumán. Mariano Usandivaras, otro hombre vinculado a Fuerza Republicana había asumido la conducción del organismo a fin de febrero y tuvo que renunciar a los dos meses.
Lo más extraño es que luego de encargar las auditorías a través de sus funcionarios, el diputado provincial intentó ocultar los resultados. Dirigentes del bussismo se encargaron de presionar para que los lapidarios informes contra Sanarte no salieran a la luz, lo mismo hicieron gremios vinculados al centro médico, reveló a LPO fuentes al tanto del caso.
Entre los prestadores privados hay preocupación porque creen que para ponerse a resguardo del escándalo que se avecina, el gobierno nacional frenará los pagos a todo el sector.
