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Escándalo en Salta: se perdieron $ 5 millones en plazo fijo de una comuna

Intendente Y Hermano De El Quebrachal Salta
EN LA MIRA. Los hermanos Leonardo y Marcelo García. Uno era intendente de El Quebrachal, el otro firmaba los cheques.

Un millonario plazo fijo que se constituyó a fines de 2018 con fondos municipales y que tuvo una cuantiosa extracción de dinero en septiembre de 2019, en plena campaña electoral, compromete a los hermanos Leonardo y Marcelo García en el expediente del fraude que se investiga en la comuna salteña de El Quebrachal.

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El exintendente Leonardo García enfrenta desde el pasado 11 de diciembre cargos por fraude, malversación de caudales e incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública municipal.

Marcelo García, quien cumplió un rol clave como secretario de Hacienda en esa gestión, resultó proclamado como senador de Anta en las elecciones de 2019.

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Días atrás, el apoderado del municipio querellante, Fernando Escobar, pidió que se amplíen las imputaciones contra el exjefe comunal, con la figura de peculado, y que los mismos cargos sean formulados para su hermano.

Escobar destacó que todos los cheques presentados como prueba de las irregularidades, sin excepción alguna, llevan la firma de Marcelo García. “Esto lo coloca en el mismo grado de autoría y participación que el de su hermano exintendente”, planteó el letrado ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

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Los movimientos que tuvo un plazo fijo de $5 millones, constituido el 19 de octubre de 2018 con fondos municipales de El Quebrachal, podrían complicar la situación de ambos.

De hecho, el decreto de imputación del pasado 11 de diciembre dejó abierta la posibilidad de una ampliación de cargos penales “en orden al análisis de los datos ya agregados y de aquellos que se logren colectar en la actividad investigativa”.

Entre los elementos que ya fueron agregados al expediente resalta un extracto que el banco Macro extendió al actual secretario de Hacienda municipal, Raúl Ríos, ante una solicitud elevada desde el municipio de El Quebrachal.

Según el resumen bancario, en 11 meses los $5 millones inmovilizados en el plazo fijo rindieron más $2 millones en intereses. En marzo, autoridades del Ejecutivo municipal con acceso a la cuenta retiraron el primer millón de intereses. Y en septiembre, con los hermanos inmersos en la puja electoral con la que buscaban retener la intendencia y ganar la banca salteña del Senado, fueron retirados los $6 millones que quedaban en el plazo fijo.

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Escobar, quien aportó el extracto bancario a la Unidad Fiscal interviniente, señaló que el destino de los fondos del plazo fijo “aún se desconoce”, porque “no tuvieron las debidas rendiciones”.

Los fiscales Leandro Flores María Celeste García Pisacic investigan un millonario desvío de fondos públicos. El actual secretario de Hacienda municipal, Raúl Ríos, denunció que la gestión encabezada por Leonardo García emitió cheques de pago diferido por cerca de $40 millones que se gastaron en la campaña política del exintendente y su hermano.

“Teno” García, como es conocido el actual representante que tiene Anta en el Senado provincial, firmó todas las órdenes de pago que la saliente gestión libró, en los últimos meses de 2019, con vencimientos escalonados desde enero hasta junio de 2020 inclusive.

En el decreto de imputación del 11 de diciembre último se remarcó que Leonardo García, desde su función de intendente, dispuso en forma discrecional de los recursos públicos y ocasionó un grave perjuicio al erario municipal.

En relación al delito de fraude a la administración pública, la Unidad Fiscal concluyó que el exjefe comunal imputado desarrolló tareas tendientes a privar a la administración pública de diversos bienes de su propiedad, al disponer de ellos en beneficio propio y de terceros.

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Análisis contables pusieron en evidencia diversas irregularidades, como el uso del presupuesto del municipio en la campaña electoral, contrataciones anómalas y la violación de las normas antilavado.

La anterior gestión de El Quebrachal, entre otras irregularidades, celebró un contrato de manera directa con una librería, cuyo propietario era un empleado público que prestaba sus servicios en la propia municipalidad.

Además, la documentación de respaldo dejó relucir serias inconsistencias en los comprobantes y el acuerdo directo violó las normas de contratación del sector público.

En otra orden de pago apareció como beneficiario un “proveedor genérico”, con una imputación del gasto en la partida presupuestaria de “ayuda social a personas”. Nunca se identificó al proveedor. Tampoco se labró el remito, o acta de recepción, del bien adquirido y se advirtieron inconsistencias entre las fechas de la factura y de la orden de pago.

En otro caso, honorarios por “servicios jurídicos” se pagaron en efectivo y se facturó dos veces el mismo período (marzo de 2019).

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