La Justicia investiga el robo de aproximadamente veinte pistolas y casi dos mil municiones de la armería de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que funciona en el mismo predio que las oficinas del Comando Operativo de la policía bonaerense, en Puente 12, en el partido de La Matanza. En ese terreno, de más de tres manzanas , instaló sus oficinas el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
El robo fue denunciado en medio de un contexto de agitación en un sector de la tropa de la fuerza de seguridad bonaerense que, a través de redes sociales, convocó a una movilización para mañana con el objetivo de reclamar la entrega de elementos de bioseguridad para realizar los controles del cumplimiento de restricciones de fijadas por el DNU 241/21, dictado por el presidente Alberto Fernández, para tratar de frenar los contagios del virus Covid-19.
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Entre los reclamos fijados en la convocatoria también figuran pedidos para vacunar a los efectivos y la actualización de sueldos que no se cumplió, según lo prometido en el acuerdo al que llegaron la administración bonaerense encabezada por el gobernador Axel Kicillof y los referentes de la protesta policial, de septiembre pasado, que tuvo como principal escenario la dependencia de Puente 12, donde Berni instaló el Comando Operativo.
Se trata del segundo escándalo por el robo armas de una fuerza seguridad provincial ocurrido en menos de cinco días. En Santa Fe, la Justicia apresó a dos policías que tenían un arsenal en una vivienda y vendían armas a bandas de asaltantes.
La investigación por el faltante de armas del depósito de la UTOI, un grupo táctico creado en 2018 e integrado por casi dos mil efectivos, la mayoría de ellos jóvenes, comenzó hace ocho días, a partir de una denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Matanza, a cargo del fiscal Marcelo Medone.
La pesquisa se inició cuando en la dependencia del Ministerio Público se recibió un alerta sobre el hallazgo de una pistola Bersa calibre 9 mm, con número de serie H57500 y una escopeta calibre 16, en poder de dos detenidos, acusados de integrar la banda que, en septiembre pasado asaltó a un quintero, de nacionalidad boliviana, en su casa de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes.
En esa oportunidad, los miembros de la denominada banda de los “Chicos bien” se apoderaron de US$ 500.000 y $ 2.000.000. Los acusados, de 21 y 28 años, son hijos del dueño de una fábrica de casas rodantes y del propietario de un negocio de venta de motos en el Quilmes.
Al revisar las armas secuestradas en los allanamientos de la banda de los “Chicos bien”, llamó la atención de los investigadores que la escopeta y la pistola 9 mm tenían el número de serie completos. Ese dato permitió conocer que pertenecían a policías asignados a la UTOI, en Puente 12. Así comenzó la investigación para identificar a los responsables que posibilitaron que estas armas llegaran desde la dependencia policial situada en La Matanza hasta las manos de un grupo de delincuentes que asaltaba en Quilmes.
Una de las primeras medidas ordenadas por el responsable de la investigación y por el jefe de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense fue la realización de un arqueo en el arsenal de la dependencia. Hasta el momento, los funcionarios habrían determinado el faltante de veinte pistolas y casi dos mil municiones calibre 9 mm.
Algunas de las armas que faltan fueron entregadas a policías que, actualmente tendrían carpeta médica o sanciones disciplinarias y nunca la reintegraron. En el caso de la pistola hallada en poder de la “banda de los chicos bien”, pertenecería a un policía que estaba de licencia.
Además de las pistolas y municiones, también faltarían cajas de accesorios para aumentar la capacidad del cargador del arma hasta 28 proyectiles. Hasta el momento nada se sabría del destino de veinte armas y la Justicia secuestró los libros de actas en los que se debería haber consignado la identidad del policía que tenía asignada cada una de esas veinte pistolas que, todavía, no aparecieron.
