En el marco de un nuevo papelón de parte del procesado legislador oficialista y ex intendente de Tafí del Valle, el inescrupuloso de Jorge Yapura Astorga, pretende junto a otros cuatro laderos, usar a la legislatura de la provincia, para dar lisa y llanamente un GOLPE DE ESTADO. Este verdadero ataque a la democracia, apunta contra el municipio de Tafí del Valle y tendría como autor intelectual y material al procesado por delitos de corrupción Jorge Yapura Astorga.
Por medio de un proyecto de resolución que este impresentable representante del pueblo presentó, junto a otros cuatro “cumpas” colegas suyos: Mario Javier Morof, Víctor Daniel Deiana, Dante Rolando Loza y Tulio Enrique Caponio, planean orquestar un golpe institucional. La intención que tiene el inescrupuloso de Yapura Astorga es utilizar a la mismísima Legislatura de la provincia, para llevar a cabo un derrocamiento del actual intendente del municipio tafinisto.
Para ello, habría contado con la inestimable complicidad de cuatro legisladores oficialistas recalcitrantes, que no tienen empacho en formar parte de una “banda de golpistas”. Para intentar lograr su cometido, recurrieron equivocadamente al artículo 40 de la ley 5529, orgánica de municipalidades para lograr destituir al intendente actual, Francisco Caliva, quien fue elegido por la voluntad popular de los habitantes de Tafí del Valle.
El planteo del procesado Yapura Astorga y firmado por Morof, Deiana, Loza y Caponio es absolutamente ridículo, debido a que no aducen causal alguna que amerite que se proceda a actuar tal y como lo indica el artículo que menciona, que sólo se puede sustituir al intendente “en caso de muerte, destitución, renuncia, inhabilitación o cualquier otra causal que produzca la vacancia del cargo del Intendente en las municipalidades del interior de la Provincia”.
Ahora bien, la situación del actual intendente tafinisto no cabe en ninguna de esas causales. Recordamos que se encuentra internado al haber contraido COVID-19, razón por la cual pidió licencia oportunamente en su momento. Sin embargo y de forma arbitraria, los cinco legisladores intentan manchar la democracia, que tanto trabajo y sangre costo conseguir. Para lograr su vil objetivo, apuntan a realizar una maniobra espuria.
Lo peor de todo, es que la pretenden llevar a cabo desde una institución pilar del sistema republicano como es el Poder Legislativo. Se valen del hecho de que el artículo 40 de la ley 5529 dice que “el presidente del Concejo Deliberante asumirá interinamente el cargo de Intendente y completara el periodo si la vacancia se produce faltando menos de dos (2) años para la finalización del mandato”. Y es aquí donde queda al descubierto sus perversas intenciones.
Y es que la picardía pasa por el hecho de que, quien ocupa ese cargo en Tafí del Valle es Sonia Saavedra, socia política del lamentable Yapura Astorga y también procesada por delitos de corrupción en la misma causa, por la que deberán afrontar un juicio oral y público próximamente y que la misma Corte Suprema de la provincia confirmó. Justamente, la “lentitud” que tendría el máximo tribunal, para ordenar que se lleve a cabo el sorteo de fecha para que se realice el juicio oral correspondiente, es lo que le sigue dando margen de impunidad a este procesado legislador oficialista, mientras se espera que la Dra. Claudia Sbdar comunique a los tucumanos cuando tendrá inicio dicho juicio.
Y es que la impunidad que le estaría brindando la Justicia al no definir la fecha correspondiente de inicio del juicio oral al que debe someterse Jorge Yapura Astorga y su círculo cercano, es lo que posibilita que acciones golpistas como la pergeñada por el procesado legislador sea llevada a cabo, quien además cuenta con la ayuda de sus cuatro laderos de banca, Mario Morof, Víctor Deiana, Dante Loza y Tulio Caponio.
Justamente sobre estos legisladores cabe preguntarse, ¿Quién los auspicia? ¿Se los podría acusar de conspiradores? Eventualmente, ¿podrían terminar siendo ellos mismos destituidos por este accionar? Y es que estos “representantes del pueblo”, tendrían que ocuparse en destituir al Jorge Yapura Astorga, por estar procesado por corrupción, antes que preocuparse en firmar un proyecto de resolución para dar un golpe de Estado.
Según fuentes consultadas, los firmantes podrían ser denunciados por estar encuadrados en el artículo 216 del Código Penal, que indica que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución”. Incluso en la Constitución Nacional se castiga a los responsables de este desprecio a las instituciones democráticas y de la Constitución provincial.
También el Código Penal habla en su artículo 209 acerca de que instigar públicamente a cometer un delito contra una institución, por la sola instigación será reprimido con prisión. O el artículo 210 bis. que impone prisión para aquellos que tomaren parte, cooperaren o ayudaren a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.
Incluso en los artículos 226 a 228 del Código Penal, hablan básicamente sobre quienes se alzaren contra la Constitución, o que aquellos que quisieran deponer alguno de los poderes públicos como así también a sus cómplices. ¿Impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del intendente legítimo de Tafí del Valle, acaso no entra dentro de estos artículos? Los legisladores firmantes han hecho gala de su impunidad.
Eso, y la más supina ignorancia, es lo que ha llevado a Yapura Astorga y a sus “serviles compañeros de banca”, Morof, Deiana, Loza y Caponio, a incurrir en un delito de gravedad institucional máxima, como lo es el intento de golpe de Estado municipal que pretenden consolidar. Tanto quien está elevado a juicio oral con fallo firme de la Corte Suprema de Justicia, cómo los otros oficialistas que no hacen más que avergonzar a la Cámara legislativa.
¿Acaso el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo está dispuesto a permitir este golpe a la democracia? ¿Los representantes del pueblo votarán a favor de este papelón institucional, al igual que los otros cuatro que apoyan al procesado? Teniendo en cuenta esta intentona, más la crisis institucional que vive la Justicia ¿No va siendo hora de pensar en serio en una necesaria intervención federal en provincia de Tucumán?
Es tiempo que este procesado e inescrupuloso legislador oficialista, asuma que perdió por la voluntad popular la intendencia de Tafí del Valle, recordamos que había puesto de candidato a su hijo, el también procesado y elevado a juicio oral Jorge Eduardo Yapura Astorga y el pueblo de Tafí del Valle les dijo “NO”.
