El partido Encuentro Republicano Federal, vinculado a Miguel Ángel Pichetto, es investigado por la Justicia Federal tras detectarse al menos 47 afiliaciones falsas de personas fallecidas y miembros del Poder Judicial. El caso podría derivar en graves consecuencias penales y políticas.
Un escándalo político y judicial sin precedentes sacude a la provincia de Tucumán luego de que el juzgado federal N°1 con competencia electoral detectara irregularidades en la conformación del partido Encuentro Republicano Federal, vinculado al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. La información fue revelada por el periodista José Inesta de TN, donde relató que al menos 47 personas fallecidas, junto con jueces, fiscales y funcionarios judiciales en actividad, figuran como supuestos afiliados en los listados presentados para obtener la personería jurídico-política del partido.
La causa penal, radicada bajo el expediente N° 2759/2021, investiga cómo se incorporaron datos y firmas presuntamente falsificadas en las planillas de adhesión. El hecho se remonta a agosto de 2022, cuando la apoderada Patricia Leonor Saavedra presentó ante la Justicia Electoral 4.330 fichas de afiliación.
Tras un cruce de datos, se reveló que casi medio centenar de esas personas ya habían fallecido antes de ser registradas como adherentes. Además, se constató que entre los nombres figuran magistrados como Eliana Karina Gómez Moreira, Agustín Puppio y Guillermo Di Lella, junto con fiscales, relatores, psicólogos judiciales y secretarios de fiscalía, lo que viola expresamente la ley que prohíbe la afiliación partidaria de miembros activos del Poder Judicial.
Denuncias, descargos y posibles delitos
La investigación apunta contra tres dirigentes, entre ellos Macarena de Fátima Toledo, actual directora de una sucursal de ANSES en Famaillá, Tucumán. En declaraciones al canal TN, Toledo afirmó que las fichas le fueron entregadas por Ernesto Habra, representante legal del partido en 2023, actualmente procesado por la Justicia Federal por presunto fraude electoral.
“Recibí las fichas tal cual me las entregó el Sr. Habra y no tenía conocimiento de estas irregularidades. No utilicé bases de datos de ANSES en ningún momento“, declaró Toledo, quien asumió su cargo en 2025.
Por su parte, los jueces mencionados negaron cualquier vínculo con el partido político. La jueza Gómez Moreira declaró a TN: “No estoy afiliada, no conozco a la señora Toledo y desconozco cómo llegó mi nombre a ese listado”.
El avance de la causa y las próximas citaciones
El juez federal ordenó medidas probatorias urgentes y ya notificó a Macarena Toledo, Gustavo Abad y Patricia Saavedra para que designen representación legal, ya que no se presentaron a las pericias programadas en Gendarmería Nacional el pasado 30 de abril. Se prevé que en los próximos días sean citados a declarar los responsables de la certificación de firmas y autoridades promotoras del partido.
Desde el ámbito judicial, se analiza la posible comisión de delitos como falsificación y uso de documento público falso, lo que podría escalar en un proceso penal de gran impacto político en Tucumán y a nivel nacional.
