La estafa piramidal, mediante el sistema Ponzi, que operó PEAK Capital y que tan solo en nuestra provincia registra más de 4.000 damnificados, tendría alcance internacional. Incluso se sospecha que el cabecilla de la maniobra digital, Daniel Altamirano, continuaría operando en España.
Pues hay un grupo de WhatsApp, que está bloqueado para la Argentina, que se denomina “Familia Catalunya” y fue creado por éste. A la península ibérica se trasladó días antes de congelar la plataforma MGS en la que una mujer china llamada Wendy convocaba a invertir en determinado día y horario. Ahí estuvo antes de instalar aquí la plataforma ilegal.
Se sospecha que la trajo diseñada desde ese país. El lunes el abogado Alfredo Aydar, le pedirá su detención a la Justicia Federal. Altamirano registra desde julio hasta este mes retiros de su cuenta personal en el grupo por un monto de U$S 107.548. La última extracción fue por U$S 41.176. La primera se remonta a marzo, a poco de haber habilitado la plataforma y es por U$S 294.
Lo que quedó atrapado en el “corralito” de Wendy alcanzaría un monto multimillonario. “Había grupos de mil personas con un administrador. En estos figuraban personas, no solo de esta zona, sino también del país y el exterior” reveló A.S, un hombre que dice haber sido también víctima de la maniobra. “Todo se vino abajo después de que estalló la estafa de San Pedro (Buenos Aires). La gente comenzó a extraer en forma masiva y enseguida se congeló la plataforma. Wendy no apareció más. Se dijo que se trataba de un problema técnico que estaba en vía de ser solucionado. Muchos ahorristas perdieron bastante dinero porque no alcanzaron a sacarlo”, añadió. Explicó que la plataforma MGS te permitía acceder a un supuesto grupo de empresas australianas denominado ASK30 que operaban en la bolsa. De ahí que las operaciones se realizaban de lunes a jueves solamente con el argumento de las diferencias horarias.
Justicia Federal
Aydar anticipó que va a formalizar ante la Justicia Federal una querella contra Altamirano representando a unos 75 damnificados de la estafa piramidal. El fiscal Federal II Agustín Chit ya tiene en sus manos otras ocho denuncias que le giraron desde La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial de Concepción. Como se sabe, esta última dependencia se declaró incompetente en este caso.
El auxiliar fiscal Juan José Ibañez, explicó que al tomar esa decisión el Ministerio Público ordinario “entendió que, además de encontrarnos ante la posibilidad de la comisión de los delitos de estafas reiteradas, también se estaría ante la posible comisión del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada por la difusión masiva, contemplado en el artículo 310 del Código Penal”. Este último ilícito “al proteger un bien jurídico nacional como lo es la estabilidad financiera y afectar intereses colectivos regulados y protegidos por entidades supraprovinciales, corresponde entender la Justicia Federal” indicó.
Pedido de prisión
Aydar dijo que entre las víctimas de la estafa hay una mayoría de inversores que depositó entre U$S 6000 y U$S 10,000. Pero también hay un grupo de grandes inversores de entre U$S 50.000 y U$S 150.000.
“PEAK Capital cerró el sistema para que la gente no pueda seguir sacando. Por eso vamos a contratar a un grupo de especialistas a fin de que haga un seguimiento de la ruta del dinero”, sostuvo el letrado. En la presentación el abogado adelantó que va a pedir la inmediata imputación de Altamirano y su prisión preventiva. ”Dicen que el hombre está en España. Llama la atención que la justicia no haya tomado la urgente decisión de prohibir mediante oficio su salida del país. Nadie hizo nada”, se quejó.
Aunque Aydar reunió a 75 denunciantes, A.S, aseguró que hay cientos que fracasaron en su intento de denunciar a Altamirano y otros que integraban su organización, ya que ni en la dependencia de la Policía Federal ni en la de la provincia le quisieron recibir su exposición. Al parecer sería porque en esas dependencias se desconoce aún el fuero que interviene en el caso.
Resolución: la causa será investigada por la Justicia Federal y por la ordinaria
Al final se terminó imponiendo la lógica que se viene aplicando en todo el país. El juez federal José Manuel Díaz Vélez resolvió rechazar parcialmente la competencia de la causa Peak Capital por lo que parte del expediente deberá ser investigado, en principio, por la justicia ordinaria.
Según la resolución del magistrado, el fuero federal sólo investigará si Daniel Altamirano realizó actividades financieras sin autorización del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores. En principio, según fuentes judiciales, no contaba con esos permisos, pero tampoco se pudo determinar qué tipo de maniobras realizaba con los capitales que captaba de los inversionistas. Le corresponde además investigar el posible delito de lavado de activos que habría denunciado Alfredo Aydar en nombre de las más de 50 personas que representará como querellante.
Díaz Vélez también dispuso que la fiscala Mónica García se encargue de analizar las posibles estafas que haya cometido Altamirano con los fondos de los ahorristas que confiaron en él. Justamente, esta funcionaria judicial se había despojado de la causa argumentando que estaba frente a un caso que debería ser investigado por la Justicia Federal. El juez de garantías Rodrigo Sebastián Martearena le dio la razón.
Los especialistas sostienen que con esta medida se busca acelerar los procesos. Por una cuestión de practicidad, los afectados podrán realizar las denuncias correspondientes en el lugar donde se habría cometido la maniobra. La decisión que tomó Díaz Vélez no significa que los funcionarios de ambos fueros trabajen de manera conjunta para conseguir mejores resultados.
