Después de más de cuatro años de idas y vueltas, finalmente hay intenciones de cambiar el sistema de lucha contra el narcotráfico en la provincia. Cuando se reúna la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad (hasta el momento no hay fecha), los funcionarios del Ministerio Público Fiscal anunciarán que podrían intervenir en las causas de narcomenudeo. Esto, si es que se dan ciertas condiciones: nombramientos de fiscales especializados, la creación de un juzgado para tratar estos expedientes únicamente, y que se modifiquen o creen algunas leyes.
Adhesión frenada
La Legislatura había aprobado en 2014 la Ley N° 8.664, que establecía la adhesión de la provincia a la Ley N° 26.052, norma federal que permitía a las provincias “optar por asumir su competencia” en los casos menores. Debía haber entrado en vigencia el 1 de marzo de 2015. Antes de esa fecha, el ministro fiscal Edmundo Jiménezconsiguió que se dictara una medida cautelar para frenar su puesta en marcha. Luego, la administración de José Alperovich manifestó su conformidad con el aplazamiento de los términos en el tratado oficial. Ese documento remarcaba, además, que los plazos “podrán ser reabiertos a instancia de cualquiera de las partes”.
En estos últimos cuatro años el tema de que la justicia ordinaria se hiciera cargo de este problema se ha discutido una y otra vez. Desde el Poder Ejecutivo se insistía con su aplicación; desde el Legislativo había un tibio apoyo y en el Judicial, resistencia. Pero ahora todo parece que cambiará, o por lo menos, el MPF, que es una de las “partes” que puede dejar sin efecto la medida que impuso su aplazamiento, volverá a poner el tema en la mesa del debate. “Sí, es cierto, tenemos un proyecto que pretendemos que sea discutido por todos los poderes. Pero hay que analizarlo bien”, explicó el ministro Jiménez, que prefirió no brindar mayores detalles del proyecto, que aún no fue enviado a debate.
“Siempre presente”
“Al crear las fiscalías especializadas tuvimos una visión mucho más amplia sobre lo que ocurre en la provincia. Y en causas como robos, homicidios y secuestros de armas la droga siempre está presente. En todos los megaoperativos que realizamos por diferentes hechos, siempre encontramos sustancias. Además, la mayoría de las quejas que recibimos de las personas es el daño que está generando la droga en los barrios”, señaló Jiménez.
Costos
En las últimas horas trascendieron algunos detalles sobre la iniciativa. Por ejemplo, se estima que necesitarán ampliar en más de $90 millones el presupuesto para afrontar los costos que acarreará la implementación de la Ley. Esos fondos servirán para afrontar gastos del personal que realizará esta tarea, investigaciones, capacitación permanente y la creación de un laboratorio.
En principio, la idea es que haya al menos dos fiscales que se hagan cargo de las investigaciones. A ellos se deberían sumar los empleados de cada una de esas oficinas. Por último, pretenden que también haya un juez exclusivo para atender estas causas. Además de ordenar los allanamientos, será el responsable de controlar el debido proceso contra los imputados.
El proyecto también incluye el dictado de varias leyes. Una servirá para definir la competencia. Es decir, cuándo deberá actuar la justicia ordinaria o Federal. Otras que servirían para mantener toda esta estructura. Salta, por ejemplo, recientemente sancionó una norma que establece que todos los recursos que se decomisen en cada procedimiento serán utilizados para la prevención de adicciones y el mantenimiento de las estructuras de lucha contra el narcomenudeo.
También se recomendará la creación de un equipo especializado en la lucha contra este tipo de delitos que trabajará a la par de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal; Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección General de Drogas Peligrosas de la provincia. “Será un equipo que se capacitará en este tipo de trabajo”, explicó una fuente del MPF, que además dijo que anhelan contar con un laboratorio propio para analizar las sustancias que secuestran y no depender de otras provincias.
La Nación dictó esta norma para descomprimir los juzgados federales. La idea era que la justicia ordinaria se hiciera cargo de la venta minorista (perseguir a los “quioscos” que forman parte de las redes de narcomenenudeo) para que la Justicia Federal fuera tras los pasos de las grandes organizaciones que se dedican a proveer de droga.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la última reunión del Concejo de Seguridad Interior les dijo a los funcionarios de todas las provincias que realicen las gestiones para que las provincias se hagan cargo del narcomenudeo. “Es una de las herramientas que tenemos para sacar las drogas de los barrios, porque los narcos están destruyendo a nuestros jóvenes. El microtráfico también es el motor de los delitos”, dijo.
Pero en el país son pocas las provincias que se hicieron cargo de este problema. Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santiago del Estero aparecen como las únicas que se dedican a combatir este tipo de delito.
Sin fondos
Entre Ríos, La Rioja y Tucumán se adhirieron a la Ley 26.052, pero al no contar con los fondos para llevarla adelante, decidieron suspender su aplicación. En Santa Fe se transformó en un caso atípico: desde Rosario, con “Los Monos” como máximos referentes, se extendió a nivel nacional el modelo del narcomenudeo. Sin embargo, allí siguen debatiendo si se adhieren o no a la norma.
