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Ex juez Yrimia, acusado en la trama de Generación Zoe: dijeron que se entregó en Dubai pero sigue prófugo

El magistrado es buscado por estafa y asociación ilícita; particularmente cercano a Leonardo Cositorto y un habitué de las oficinas del grupo en la calle Crisólogo Larralde. La fiscalía del caso anunció que se había entregado, pero un informe oficial desmintió la noticia

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Leonardo Cositorto y Héctor Luis Yrimia
Descacharreo

El martes 12 de abril pasado, el Ministerio Público Fiscal cordobés confirmó en un comunicado oficial que Héctor Luis Yrimia, ex juez y fiscal federal, presunto director legal del conglomerado Generación Zoe, acusado de estafa y asociación ilícita, se había entregado esa misma mañana Dubai. Lo mismo había ratificado su equipo de abogados, encabezado por el doctor Martín Magram, a través de un comunicado difundido a diversos periodistas, en donde aseguraban que Yrimia había obtenido la visa de residente permanente en los Emiratos Árabes Unidos.

“El día 12 de abril, atento la existencia de una orden de captura, cuya legitimidad se encuentra cuestionada legalmente por esta defensa, el Sr. Yrimia de manera voluntaria, espontánea y sin que le sea requerido, se presentó personalmente ante el Cuartel General de la Policía de Dubai(Dubai Police General Head Quarters), lugar donde funciona la división de INTERPOL, con el fin de ponerse a disposición de las autoridades correspondientes, permaneciendo el mismo en libertad”, escribieron.

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Había algunas disonancias en la cadena de información. Fuentes en los organismos de seguridad aseguraban a Infobae en ese entonces que, al menos hasta la tarde de ese martes, la división Interpol que depende de la PFA no había recibido confirmación alguna desde Oriente Medio, pero la fiscalía del caso a cargo de la doctora Juliana Companys que lo buscaba y los defensores eran vehementes en su confirmación.

Entonces, días después, la fiscal Companys entró en duda, a pesar de lo anunciado, y pidió un informe oficial el día 18 de abril, al que accedió este medio. La jefa del área de asistencia jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto respondió en un oficio que desde la oficina de Interpol local “aseguraron que Yrimia no se había presentado hasta la fecha”.

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La fiscalía se sorprendió, ciertamente: fuentes cercanas a Companys hablan de un pedido para que se redoblen los esfuerzos para capturarlo. La defensa se sorprendió también. Poco antes, el diario Clarín adelantaba la situación con datos anónimos ligados al caso. Yrimia se había comunicado desde Dubai vía Zoom con sus defensores. Aseguraba que estaba libre a pesar de un pedido de captura internacional por estafa y asociación ilícita que le valió la cárcel a Leonardo Cositorto, a su segundo “Max” Batista, al contador Norman Próspero y a otros 16 imputados. Sin embargo, decía estar “a derecho” con un estudio jurídico de los Emiratos Árabes que lo asesoraba y que hasta tenía “su pasaporte retenido”, algo que Yrimia le dijo a su abogado luego de la salida de dicha información.

¿Qué pasó, entonces? ¿Por qué las autoridades anunciaron que un prófugo de alto perfil se había entregado cuando nunca lo hizo? En Córdoba aseguran que Interpol a nivel local habría confirmado la noticia a la fiscalía del caso, cosa que fuentes consultadas por Infobae niegan. También, que la fiscalía le tomó la palabra a la defensa cuando pasó la noticia.

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El padre de Yrimia, un ex subcomisario de la Federal de 95 años, había sido allanado por la PFA el día antes de la supuesta entrega de su hijo en su casa de Villa Luro, horas antes de que Cositorto sea extraditado a la Argentina. Allí, se le incautaron más de 500 mil dólares. El hombre dijo que se trataban de sus ahorros personales, algo que generó una carcajada entre los policías que registraban su casa. El propio estudio de Yrimia también había sido allanado.

La defensa del ex juez -que afirma que Yrimia nunca fue un director en Zoe, apenas un asesor externo, y que no tiene relación con los delitos investigados en Córdoba- seguía sin novedades a comienzos de la mañana del miércoles. “Yrimia es abogado y ex juez, conoce el juego y no es ningún boludo. Si se hubiese querido entregar, hubiese venido a la Argentina como hizo Maximiliano Batista”, hipotetiza un avezado investigador que trabaja en la trama. Argentina tiene acuerdos con los Emiratos Árabes sobre vuelos comerciales y “usos pacíficos de la energía nuclear”, pero no un tratado de extradición.El dinero incautado al padre de Yrimia.El dinero incautado al padre de Yrimia.

Otro hombre cercano a Yrimia y, que es parte de la trama, es Eduardo Llaser, un empresario y autodenominado experto en seguridad que también frecuentaba las oficinas de Zoe. Yrimia, de acuerdo al propio sistema del conglomerado, fue referido por Llaser mismo. El empresario Llaser presentó un pedido de eximición de prisión en la causa que investiga el juez federal porteño Ariel Lijo, que ocurre en paralelo a la de Companys, bajo una hipótesis de lavado de activos. Paradójicamente, no tenía su captura pedida ni fue aún allanado por la PFA. Yrimia, mediante sus abogados, presentó el mismo pedido. Tampoco tenía la captura pedida.

Hoy, cerca de Cositorto hablan de un profundo rencor entre el líder e Yrimia. En privado, Cositorto señala al ex juez como responsable del fiasco de la falsa mina de oro en San Juan, que se anunció como respaldo de Zoe Cash, la criptomoneda del grupo.

No es el único frente de tormenta. Se acumulan denuncias en contra de Cositorto en Goya, provincia de Corrientes, y el Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo investiga un posible lavado de dinero a cargo de Zoe, con varios allanamientos a domicilios del grupo que ya fueron abandonados y un informe de la PROCELAC que habla de un vaciamiento de 9 millones de dólares en billeteras de criptomonedas.

Poco a poco, las víctimas salen a denunciar. Fuentes judiciales revelaron que en las últimas semanas, el cerco de paciencia de los acreedores de Cositorto se fracturó: la Cámara Criminal y Correccional porteña registró 12 nuevas causas contra el líder y Generación Zoe por los delitos de estafa, defraudación y asociación ilícita, con casi 20 víctimas. Los expedientes terminaron en siete juzgados distintos pero fueron acumulados por conexidad.

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