Compraron autos y casas, y depositaron dinero en el banco a su nombre y a nombre de familiares cercanos luego de asumir sus bancas en la Legislatura. Mirta Lenis de Vera, ex jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital, detalló esa conducta respecto de nueve de los 27 legisladores acusados de cobrar coimas a cambio de votar a favor de la reforma constitucional en febrero de 2002. La descripción de los “incrementos patrimoniales sustanciales” detectados entre 1999 y la fecha de la sesión cuestionada consta en el fallo del 3 de mayo de 2010. La sentencia estaba dentro del expediente hallado abajo de un armario del Juzgado N°5 el 8 de marzo pasado. El último movimiento databa de 2014 y había consistido en la confección de proyectos de notificación del fallo que nunca fueron formalizados.
El pronunciamiento “apareció” un mes después de que Carolina Ballesteros se hiciera cargo del despacho: la Corte Suprema de Justicia de Tucumán fue informada sobre el descubrimiento mediante una nota redactada el mismo 8 de marzo. El fallo de 2010, que lleva la firma del secretario Carlos López, anula el requerimiento de sobreseimiento que había formulado en noviembre de 2007 el entonces fiscal Pedro Gallo, padre del funcionario constitucional homónimo. Lenis de Vera afirmó que dicha petición era infundada: en los hechos, ello implicaba la prosecución de la investigación de Gerónimo Vargas Aignasse, Nancy Albero, Julio César Topa, Adriana Neske, Fernando Lossi, Juan Antonio Vildoza, Diego Nieva Sanzano, Gustavo Siciliani, Jorge Humberto de Faveri, Gustavo Rojas Alcorta, Mariano Poliche, Leonor Lía Barquet de Delgadino, Rosa Augier de Rojas, Osvaldo Jaldo (hoy vicegobernador), José Fernando Orellana (hoy diputado nacional), David Padilla, Juan Carlos Mamaní, Juan Antonio Ruiz Olivares (hoy legislador), Emilio Salvatierra, Edgardo Roberto Rocha, René Concha, Germán Alfaro (hoy intendente de la capital), Teresa Felipe de Heredia, José Raúl Gutiérrez, Claudia Herrera, Camilo Khoder y Lilia Teresa Ramírez de Castro. En 2002 este grupo estaba conformado por 17 miembros del Partido Justicialista afines al gobernador Julio Miranda, 4 del Movimiento Independiente, 4 de Fuerza Republicana, 1 de la Unión Cívica Radical (Vildoza) y 1 de Vanguardia Provincial (Poliche).
Lenis de Vera, que en 2016 se acogió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil y se retiró sin comunicar a las partes la anulación de la solicitud de Gallo, consignó en su sentencia de 2010 que 10 de los 27 legisladores habían prestado declaración indagatoria: De Faveri, Augier de Rojas, Albero, Vargas Aignasse, Rocha, Topa, Vildoza, Rojas Alcorta, Neske y Nieva Sanzano. La ex magistrada añadió que, con la excepción del supuesto de Rocha, los patrimonios de los funcionarios imputados presentaban subas patrimoniales significativas a partir del acceso a la banca legislativa y hasta febrero de 2002, es decir, en el tramo final del régimen de convertibilidad donde un peso equivalía a un dólar.
En el análisis de las manifestaciones de bienes que desarrolló Lenis de Vera se destaca la situación de Nieva Sanzano, Vargas Aignasse y Rojas Alcorta. La ex magistrada dijo que, luego de llegar a la Legislatura, Nieva Sanzano había adquirido dos autos a nombre de Viviana María Piga y tres inmuebles (uno de ellos a nombre de Domingo Nieva y de Blanca Sanzano). Además, el fallo detalla que el funcionario tenía cuentas bancarias con alrededor de 27.000 pesos/dólares y un plazo fijo de U$S 17.872. En el lapso investigado Vargas Aignasse compró bienes raíces en esta capital: uno en la calle Corrientes y tres propiedades linderas en la Mendoza a nombre de María Angélica Cárdenas, según el fallo. Además, Vargas Aignasse adquirió un auto a nombre de María Marta Vargas, y tenía una cuenta bancaria a nombre de Cárdenas y de Ernesto Nicolás Chaves con 11.810 pesos/dólares.
Lenis de Vera precisó que en esa época un legislador percibía una dieta mensual en blanco de alrededor de 2.500 pesos/dólares al referirse a Rojas Alcorta. Tras expresar que este había comprado dos autos a nombre de Silvia Mabel Gotuzzo, un lote en un country y una casa, y que tenía un plazo fijo por U$S 52.260, la ex magistrada agregó que el entonces legislador recibía, además de su sueldo, 2.500 pesos/dólares por mes de parte de su esposa Gotuzzo, quien trabajaba como empleada del bloque legislativo “Principios Republicanos”.
Los “incrementos patrimoniales sustanciales” detectados en el período 1999-2002
Jorge Humberto de Faveri: compró un “importante inmueble” en Yerba Buena y un vehículo importado Zuzuki Vitara. Además, tenía U$S 70.000 agregados a la declaración jurada “con una lapicera distinta” de la utilizada para firmarla.
Rosa Alicia Augier de Rojas: adquirió un auto Ford Eco Sport mientras que su esposo Juan Eduardo Rojas compró un Toyota Corolla y Dora Elvecia Augier, un automóvil Polo Classic.
Nancy Albero: adquirió una propiedad en Barrio Sur.
Gerónimo Vargas Aignasse: compró un auto Volkswagen Polo Classic a nombre de María Marta Vargas y varios inmuebles en esta ciudad (Corrientes 946, Mendoza 66, Mendoza 70 y Mendoza 56) a nombre de Marta Angélica Cárdenas, y tenía 11.810 pesos/dólares en el banco a nombre de Ernesto Nicolás Chaves y de Cárdenas.
Julio César Topa: adquirió un automóvil Peugeot 306 XR y tenía 6.220 pesos/dólares en una caja de ahorro.
Juan Antonio Vildoza: tenía 2.471 pesos/dólares en una cuenta bancaria a su nombre y de Juan R. Herrera, y 12 plazos fijos a nombre de este último por 1.900 pesos/dólares cada uno.
Gustavo Rojas Alcorta: compró los automóviles Peugeot 405 y Peugeot 205 GL a nombre de Silvia Mabel Gotuzzo; un lote en Marcos Paz Country y una casa. Además, tenía un plazo fijo de U$S 52.260 a nombre de Gotuzzo y percibía 2.500 pesos/dólares mensuales por medio de su esposa que declaró como actividad un empleo en el bloque legislativo “Principios Republicanos”. “Esta suma es similar a la declarada como ingreso derivado del trabajo como legislador”, dice el fallo.
Adriana Mónica Neske: adquirió una camioneta todoterreno Kia Sportage Wagon, y tenía a nombre propio y de su esposo, Juan Gutiérrez, una cuenta corriente con 2.142 pesos/dólares, y cajas de ahorro con 9.209 pesos/dólares y U$S 1.502.
Diego Nieva Sanzano: compró los autos Renault Megane y Ford K a nombre de Viviana María Piga, e inmuebles en Concepción; en la capital (a nombre de Domingo Nieva y de Blanca Sanzano) y un lote en Tafí del Valle. Además, tenía una cuenta corriente a nombre de Sanzano de Nieva con 1.772 pesos/dólares; cajas de ahorro con 529 pesos/dólares y U$S 17.872, y un plazo fijo de 24.979 pesos/dólares.
LA EXPLICACIÓN DE LA EX PARLAMENTARIA ALBERO
Nancy Albero votó a favor de reformar la Constitución en 2002 y, por eso, terminó imputada en la causa que debía dilucidar la versión de que ella y sus 26 pares habrían sido coimados. Luego de leer que el caso había aparecido bajo un armario del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital y de que existía una sentencia de 2010 sin notificar, Albero llamó a LA GACETA para recordar que ella había renunciado a sus fueros para ser investigada. Además, rechazó que se haya enriquecido con la política: dijo que había comprado “en pozo” el departamento de Barrio Sur donde funciona su estudio jurídico y que esta propiedad fue escriturada en diciembre de 1999, dos meses después de que jurara como legisladora.
AUTOR
Irene Benito
