La investigación por el desvío y comercialización de mercadería destinada a sectores vulnerables sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez Sebastián Mardiza de extender la prisión preventiva de tres imputados por 90 días más, hasta el 6 de mayo de 2025.
La medida fue tomada en una audiencia celebrada el 5 de febrero de 2025, luego de que la Fiscalía presentara nuevas pruebas que evidencian la operativa de la maniobra ilícita.
El caso se inició de manera inesperada tras una denuncia por violencia de género que derivó en un allanamiento donde se hallaron grandes volúmenes de productos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.
Según la investigación, los imputados retiraban mercadería destinada a organizaciones sociales, pero en lugar de distribuirla entre quienes la necesitaban, la comercializaban de manera irregular o la usaban con otros fines.
Conversaciones y eliminación de pruebas
Entre los principales involucrados se encuentran Alberto Felipe López (58) y Juan López Cansillieri (39), señalados como los organizadores del esquema de distribución fraudulenta. Junto a ellos, Brenda Gisell Muñoz (23), Malvina Soledad Décima (27) y Arturo Alejandro Augier (35) fueron acusados de cumplir roles clave en la operación.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Delitos Complejos, encabezada por Mariana Rivadeneira, presentó el análisis de teléfonos incautados, que confirmó la vinculación de los imputados con la venta de mercadería.
La auxiliar de fiscal Brenda Deroy expuso que “se detectaron conversaciones en las que se daban indicaciones para eliminar información comprometedora” y destacó que Juan López Cansillieri, aun detenido, habría seguido impartiendo órdenes desde la cárcel.
El querellante José María Molina, en representación del Gobierno de Tucumán, respaldó la prórroga de la prisión preventiva, argumentando que nuevas evidencias revelaban la estructura delictiva y la captación de personas para distribuir los productos.
“Es crucial que los imputados permanezcan detenidos, ya que surgen nuevos nombres en la investigación y su accionar podría obstaculizar el proceso”, afirmó.
rechazo de los defensores
Las defensas de los acusados rechazaron la extensión de la medida, alegando falta de acceso a la información y la ausencia de pruebas concluyentes que demuestren la comercialización de la mercadería. Arturo Augier, por su parte, negó su implicación, asegurando que su nombre apareció en la causa solo por los dichos de otra persona.
Finalmente, el juez resolvió que Muñoz, Décima y Augier continuarán bajo prisión preventiva.
No obstante, atendiendo un pedido de la defensa de Décima, autorizó que esta cumpla la medida en su domicilio con tobillera electrónica y rondas policiales, debido a que tiene a su cargo el cuidado de su hermana con discapacidad y de su hija menor.
Con la investigación en curso y la identificación de más posibles involucrados, el caso sigue generando repercusiones en el ámbito judicial y político de Tucumán.
