El fiscal Ramiro González dio por terminada la investigación contra el expresidente y comenzó los pasos formales para solicitar la elevación a juicio.
Fabiola Yañez pedirá 12 años de cárcel para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género.
El pedido por parte de los abogados de la exprimera dama se basará en plantearle a los fiscales que están de acuerdo con que se eleve a juicio el caso y que, tomando en cuenta la sumatoria de todos los hechos que ellos tienen comprobados, más las amenazas coactivas, le correspondería esa cantidad de años de condena.
Este requerimiento por parte de la querella llega luego de que se conociera que en las últimas horas el fiscal federal Ramiro González dio por terminada la etapa de investigación y ya comenzó los pasos formales para solicitar el inicio del proceso judicial.
Por eso, en línea con lo que establece el Código Procesal, le dio traslado a Yañez para que emita su opinión formal.
Cuando se oficialice el pronunciamiento de la denunciante, González evaluará la respuesta y con base en ello realizará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Julián Ercolini. Luego será el turno de la defensa: el expresidente podrá responder por escrito y, como es previsible, apelará la decisión. Finalmente, será Ercolini quien definirá si efectivamente el caso llega a juicio oral.
Los avances de la causa
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra la exprimera dama, con quien mantenía una relación desde al menos 2016 hasta mediados de 2024.
Con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara sostuvo que durante esos años existió un vínculo marcado por la “desigualdad de poder” y “violencia habitual y constante”, especialmente de tipo psicológica, pero también con episodios físicos recurrentes.
Según el fallo, los hechos se produjeron en un entorno de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad. “Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, señalaron los jueces.
Además, remarcaron que la situación de vulnerabilidad de Yáñez era conocida por el imputado desde el inicio de la relación. “Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja”, agregaron.
En febrero de este año, Ercolini había dispuesto el procesamiento de Alberto Fernández, el embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una orden de restricción: le prohibió acercarse a menos de 500 metros de su expareja o contactarla por cualquier vía, ya sea física, telefónica o digital.
En su defensa, el expresidente presentó una apelación de 59 páginas en la que rechazó todas las acusaciones y pidió su sobreseimiento. Alegó que la resolución judicial carece de pruebas directas, que se basa en interpretaciones subjetivas y que los presuntos chats en los que Yáñez relataba situaciones de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original.
“La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa.
