Las facturas truchas por al menos 4 millones de pesos que una cooperativa emitió al Ministerio de Desarrollo Social dejaron al desnudo los problemas -o complicidades- que tiene el Estado a la hora de auditar los gastos de los trabajadores de la “Economía Popular”. Lo publicado hasta ahora por PERFIL parece ser la punta del iceberg. ¿Por qué? Sencillamente porque la cooperativa Patria al Hombro no está sola, ya recibió 12,5 millones de pesos y el convenio firmado por 2021 con el ministerio es por $25 millones. ¿A dónde va el dinero?
Ahora son nuevas cooperativas pero las mismas caras apuntadas. Por un lado, la cooperativa RE.S.M.U. de Servicio de Saneamiento Ambiental, Recolección Diferenciada y Reciclado de Quilmes, también encabezada por Miguel Romano, el presidente de Patria al Hombro, quien no pudo responder por las facturas que publicó PERFIL, originales y corroboradas en el sistema de la AFIP.
Luego de publicarse la nota, Romano dijo estar “ofendido” y ahora no responde más el teléfono ante la consulta por esta nueva cooperativa. Personas que lo conocen, aseguraron a este medio que en realidad su nombre sería Miguel Román de Jesús, de nacionalidad paraguaya.
Todo queda en familia
Por el otro lado, está la Fundación Locos Bajitos, que no está a cargo de Romano pero sí lo estuvo de Nicolás Berardi. ¿Quién es? Hermano de Federico Berardi, director nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social y principal apuntado por dirigentes como el referente real de Patria al Hombro. Esta última pertenece al espacio político de Encuentro Peronista, del Frente de Todos. Allí Berardi es el principal responsable.
Lo curioso es que Locos Bajitos y RE.S.M.U. recibieron fondos públicos como Patria al Hombro y esta vez, según pudo saber este medio de fuentes internas del Ministerio, directamente desde el área de Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del mismo Ministerio y de una de las áreas que nuclea la función de Berardi, que en su momento dijo a PERFIL que conocía a la cooperativa y a Romano pero no sabía de este accionar y nunca había conducido dicha organización. Ante las nuevas consultas de este medio, dejó de responder.
Pero Nicolás no es el único familiar. También aparece otro hermano de Federico, Tomás Eduardo Berardi como síndico de la cooperativa Patria al Hombro. Desde su fundación hasta la actualidad. “Un negocio en familia”, dijeron enojados hasta dentro de la propia cartera que conduce Daniel Arroyo.
Hasta el momento el Ministerio dijo que espera la rendición de las facturas de la cooperativa para analizar si hubo irregularidades o no, y si las hubo, que se les pedirá la devolución de los fondos incluso de manera judicial.
Contadores
Días atrás, el canal de noticias TN fue a la carnicería minorista de Quilmes donde se registraron más de 3,2 millones de pesos gastados por la cooperativa en productos de limpieza que nunca aparecieron. Allí se encontraron con Roxana, la titular del comercio, quien desmintió haberles vendido algo, así como hizo EMSERGEN SA a PERFIL, la empresa que vende indumentaria a Gendarmería y aparecía facturándoles 650 mil pesos de materiales de construcción.
PERFIL también intentó comunicarse ahora con el contador de Patria al Hombro, Pablo Rugiero, a quien apuntaron por comprar facturas apócrifas. No respondió hasta el momento. Como tampoco lo hizo Romano, sobre todo cuanto este medio quiso consultarle si era cierto que le vendía alimentos que provendrían del Estado a un supermercado de Quilmes, local que cerró hace unas semanas ante el escándalo generado.
“La idea de cooperativas para mover la economía popular es una gran iniciativa. Pero este tipo de cosas hacen que todo termine manchado y si escala va a ser una mala palabra decir ‘cooperativas'”. La frase se la dijo a PERFIL un dirigente político que tiene una cooperativa en Berazategui y tiene todo en regla. “Con la guita que recibimos podemos hacer muchas cosas. Pero hay quienes se aprovechan del descontrol”.
La duda es muy concreta. La plata que no llega a los más necesitados, ¿va para financiar campañas de algún dirigente? ¿Se queda en los bolsillos de quienes consiguen los convenios? ¿Hay funcionarios que entregan convenios desde el Estado y al mismo tiempo manejan por atrás las cooperativas? Esto recién empieza.
