Casi 19 años después de que el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá anunciara la suspensión del pago de la deuda externa en medio de aplausos de todos los legisladores, la Argentina sigue pagando las consecuencias. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sentenció que el país debe pagar US$224,2 millones a dos fondos litigiosos (llamados holdouts) que no entraron en los canjes de reestructuración de 2005 y 2010 (con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente) ni cerraron un acuerdo en 2016 con Mauricio Macri.
Los dos fondos son Attestor Master Value y Trinity Investments, a los cuales la Argentina les deberá pagar US$67,9 millones y US$156,3 millones, respectivamente. Al monto final de pago llegaron a través de un acuerdo entre los estudios de abogados que defienden al país y los fondos litigiosos, por lo cual no hay una instancia de apelación.
Sebastián Maril, director de Fin.Guru, comentó que estos dos fondos eran los que quedaban sin arreglar con mayor deuda nominal en su poder. “Después quedan puchitos de diferentes cantidades de inversores privados, que sumados podrían alcanzar otros US$300 millones. Pero estos dos fondos eran los últimos de peso importante”, explicó el economista.
En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Macri, el gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían todavía deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los famosos bonos Globales, que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca reestructurar también, junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
Eso permitió que el entonces juez Thomas Griesa, fallecido en 2017, levantara las medidas cautelares que impedían al país pagarles al resto de los bonistas y la Argentina salió del default. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.
Sin embargo, todavía quedaban demandas por bonos que tienen un valor nominal de menos de US$250 millones, entre ellos, los de Attestor Master Value y Trinity Investments.
Que todavía haya fondos buitres litigando contra el país fue lo que popularizó en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC), un instrumento que establece que si el país deudor realiza una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática. Con los canjes que había realizado el país en 2005 y 2010, se había logrado que acepten la oferta los titulares del 92,4% de la deuda en default.
Preska, quien sucedió a Griesa en 2017, está a cargo además de dos juicios más contra la Argentina : la demanda por el cupón PBI y por la expropiación de YPF, en 2012. La magistrada tomaría, a su vez, las demandas que se generarían si se acelera el default actual de la Argentina, lo que ocurriría si el país no llega a un arreglo exitoso por la reestructuración de US$66.238 millones.
