Una de las polémicas que se generó en la reunión del martes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante giró en torno a la aplicación del sistema de retiros voluntarios en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En el proyecto de Presupuesto enviado por la intendenta Rossana Chahla, se preveía la posibilidad de implementar un régimen de Retiro Voluntario para municipales, y se establecía que una vez aprobado el cálculo de gastos el Departamento Ejecutivo avanzaría con la reglamentación del sistema.
El artículo 6 del documento presentado por la jefa municipal al Concejo Deliberante para su análisis y aprobación decía: “Facúltase al Departamento Ejecutivo a implementar un régimen de retiro voluntario para el personal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que, gozando de estabilidad, revista en cualquier categoría y ámbito municipal”. Además, establecía que se fije el número de cargos de la planta de personal permanente y temporaria de la administración central de la Capital, la cual incluye a la Municipalidad y al Concejo Deliberante.
El Ejecutivo cuenta con 4.352 empleados en planta y 897 bajo un régimen temporario; en el cuerpo parlamentario son 209 y 78, respectivamente. Así, el total de empleados públicos municipales suma 5.536. El ítem añade: “Serán modificados en tanto y en cuanto las necesidades así lo exijan, sin que ello signifique incrementar los créditos totales fijados para el rubro ‘Personal’ (que contabiliza unos $66.300 millones)”.
No obstante, ayer hubo planteos de referentes opositores sobre la falta de precisiones respecto de cómo se instrumentará el sistema de retiros, por lo que en el dictamen se acordó quitar ese artículo y que luego la Municipalidad envíe un proyecto específico sobre el asunto, precisaron fuentes del Concejo. La decisión de ajustar los recursos muncipales fue respaldada por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, quien con anterioridad al encuentro había expresado la intención del cuerpo parlamentario de no incrementar la planta de personal.
“Rossana está dispuesta a hacer el achique que necesariamente se debe hacer en estos momentos”, había dicho. En la Provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo impulsa un proyecto de ley con el mismo propósito. Con el retiro programado, el Gobierno abrirá la posibilidad para que el empleado público, de cualquiera de los tres poderes, se sume a este régimen voluntario y que, durante cuatro años, observe si le conviene acogerse cobrando hasta el 70% de su remuneración mensual, conservando los beneficios de la obra social.
De acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el sector público provincial se desempeñan alrededor de 120.000 agentes, y los salarios estatales representan alrededor del 58% del total de erogaciones presupuestarias. En la Capital, el Presupuesto 2024 prevé ejecutar unos $195.253 millones durante 2024. La partida destinada al pago de salarios reúne unos $66.300 millones, de los cuales $8.700 millones va destinado al personal del cuerpo legislativo.
El año pasado, el ex intendente Germán Alfaro había dispuesto para cubrir la planilla salarial un 42% del presupuesto, mientras que la actual intendenta lo rebajó a 34%. En la Municipalidad, el monto más alto para cubrir la planilla salarial se lo lleva la Secretaría de Economía y Hacienda (257 empleados), con $13.300 millones.
