El juez Lino Mirabelli reclamó información al Gobierno sobre la fiesta VIP de Fabiola Yáñez en Olivos. Le dio un plazo de cinco días para responder si los invitados al cumpleaños estaban registrados en la aplicación CUIDAR y qué protocolos se cumplieron durante ese encuentro. Es información que ya se había pedido y el Gobierno nunca la entregó.
Por el festejo están imputados, además de Yañez, el presidente Alberto Fernández y otros nueve invitados. La celebración se hizo en julio de 2020 en la residencia presidencial en medio de las restricciones de circulación. Se los acusa de violar el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno nacional.
Si bien ya pasó más de un mes desde que el expediente se fue de los tribunales de Comodoro Py, aún no se definió quién quedará a cargo de la investigación. Hace una semana, Mirabelli le pidió a su colega Sandra Arroyo Salgado que se inhiba de seguir investigando otra causa iniciada por una denuncia similar, aunque la magistrada de San Isidro todavía no contestó ese oficio.
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Además de Fernández y Yañez, en el expediente principal está imputado el resto de los invitados al cumpleaños de la primera dama: Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Carolina Marafioti y Federico Abraham.
La causa pasó a los tribunales de San Isidro hace aproximadamente 30 días, luego de que el juez Sebastián Casanello se declarara incompetente para seguir adelante y las partes decidieran no apelar. Pero a partir de ese momento la investigación avanzó muy poco, justamente por la disputa de competencia de la misma.
Sin embargo, la semana pasada Mirabelli exigió nuevamente que ambos expedientes en trámite se unifiquen y queden en su juzgado. Como argumento afirmó que la denuncia radicada en el juzgado de Arroyo Salgado es posterior (13 de agosto de 2021) a la que realizada en Comodoro Py (28 de julio de 2021). Además, indicó que él estaba de turno cuando Casanello se declaró incompetente.
Si Arroyo Salgado se opone al planteo que hizo Mirabelli, será la Cámara Federal de San Martín la que deba resolver la interna. Algo que impediría, como pretende la Casa Rosada, que el expediente se cierre antes de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.
Sea cual fuere el tribunal que finalmente quede a cargo de la causa, éste tendrá que decidir sobre varios planteos pendientes. Por un lado el jefe de Estado pidió ser sobreseído al considerar que en la acción investigada no se cometió un delito, y propuso una reparación económica consistente en la donación durante cuatro meses de la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán.
A su vez Carolina Marafioti, otra de las personas imputadas por la fiesta VIP en Olivos, también pidió una conciliación para cerrar el asunto. Mientras que el abogado de Stefanía Domínguez directamente planteó la inconstitucionalidad del DNU que contenía las restricciones por la pandemia de coronavirus, y que por ende impedían la cuestionada celebración en la residencia presidencial.
