El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su rechazo a la denuncia iniciada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro; y contra los diarios La Nación y Clarín.
El funcionario sostiene que los colegas y los medios para los cuales trabajan habrían infringido la Ley de Inteligencia al publicar el contenido de un pedido de informes de legisladores opositores. Sin embargo, la acusación de Rossi y su justificación pública apuntan directamente al rol que le cabe al periodismo en una democracia.
Sólo basta con leer el fallo que en 2019 había firmado el juez Sebastián Casanello ante una denuncia similar de la AFI contra los colegas Rodis Recalt y Gerardo Young. En ese expediente, el magistrado dispuso el archivo de la causa por entender que se buscaba directamente el juzgamiento de los periodistas y que eso constituía una persecución a la libertad de expresión y de prensa.
En aquella oportunidad, FOPEA expresó su rechazo a la acusación tal como lo hace ahora ante la denuncia contra Santoro y Morales Solá. El planteo del titular de la AFI desconoce que la esencia del trabajo periodístico es acceder a publicar información de interés público. Pero, además, pone en riesgo el secreto profesional garantizado por la Constitución nacional y cuya tutela está expresamente planteada en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se determina que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
FOPEA advierte que la denuncia de Rossi puede generar autocensura y reitera su preocupación ante la cada vez más creciente utilización de la justicia penal en Argentina para callar periodistas. Ante esta reprochable tendencia, reclamamos a los representantes de los tres poderes del Estado que garanticen la plena vigencia de los derechos constitucionales para el ejercicio del periodismo. Ningún periodista puede quedar a merced de sanciones ulteriores por haber accedido a una información de interés público de manera lícita.
