Lo impulsó el diputado radical, del bloque Democracia para Siempre, Fernando Carbajal. El juicio político deberá ser aprobado por la legislatura local, controlada por el mandatario provincial.
El legislador nacional del bloque Democracia para Siempre y perteneciente al radicalismo crítico, Fernando Carbajal, presentó un pedido de juicio político contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Acompañado por varios constitucionalistas de la provincia, fundamentó que la presentación se realiza “en salvaguarda de la autonomía provincial, y como medio de lograr la resolución del conflicto jurídico-político derivado de la falta de legitimación constitucional del mandato de la fórmula Insfrán-Solís, electa en el proceso electoral del año 2023, permitiendo que sea la Provincia de Formosa la que resuelva tal situación”.
En sus argumentos, se señala que esta medida permitiría “evitar la intervención federal de la provincia para poner fin a la ilegitimidad de este gobierno provincial. También sería la forma de ejecutar el fallo de la Corte, que declaró la ilegitimidad e inconstitucionalidad del actual mandato del Gobernador”. La presentación incluye al vicegobernador Eber Solís.
Carbajal hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido en diciembre pasado, que declaró “la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa”, el cual habilitaba la reelección indefinida del gobernador. Gildo Insfrán gobierna desde 1995. Según la Corte, Formosa deberá resolver esta situación a través de una asamblea constituyente, sin intervención directa del máximo tribunal.
El fallo de la Corte tuvo origen en una presentación realizada en 2023, durante la campaña electoral. Esta forma parte del expediente que Carbajal presentó ante el Poder Legislativo provincial. Con respecto a esto, el legislador explicó: “Los sectores opositores concurrimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que se apliquen en Formosa los recientes precedentes jurisprudenciales de los casos ‘San Juan’ y ‘La Rioja’, en los cuales el máximo tribunal estableció severas restricciones a la perpetuación en los cargos de los gobernadores”.
Carbajal afirmó que el fallo “de la Corte tiene aplicación inmediata y efectiva en la realidad. Gildo Insfrán y Eber Solís conforman una fórmula ilegal e ilegítima. Son ilegales porque la Corte lo dijo de manera expresa: el Tribunal Electoral no debió habilitarles un nuevo mandato. Pero, además, es una fórmula ilegítima porque, como señaló el ministro Ricardo Lorenzetti —designado a propuesta del expresidente Néstor Kirchner y, por tanto, ajeno a cualquier sospecha política—, la elección se realizó en un contexto de ‘cancha inclinada’. Esto significa que Insfrán y Solís se aprovecharon de ventajas indebidas derivadas del sistema de reelección indefinida. Así que estamos ante un problema de ilegalidad e ilegitimidad del gobierno”, reafirmó.
En los fundamentos de la presentación, Carbajal sostuvo que la remoción “por vía del juicio político del Gobernador y su Vice, emergentes de un proceso electoral viciado, permitirá, conforme a los artículos 134 y 135 de la Constitución Provincial, sanear el vicio constitucional de ilegitimidad que afecta al actual elenco gobernante, sin tener que comprometer la totalidad del entramado institucional. Este deberá ser saneado progresivamente de las distorsiones causadas por la reelección indefinida, en ejercicio pleno de la autonomía provincial”.
Firman la presentación el constitucionalista Guillermo Federico Evans, el abogado Juan Montoya, el exconcejal Carlos Blas Hoyos, Patricia Caoppello y Benito Aranda. También acompaña Adrián Diego González, del partido Unión Popular.
Pedido de intervención federal a Formosa
En diciembre pasado, el senador Francisco Paoltroni, del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso, presentó un pedido de intervención federal a la provincia de Formosa y llevó su proyecto directamente a la Casa Rosada. “No existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfrán, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores. Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, publicó en sus redes sociales.
En un video grabado frente a la Casa Rosada, aseguró: “Se violan todos los principios republicanos. No existen derechos básicos, desde la propiedad privada hasta la libre expresión, y mucho menos la libertad frente a la persecución política y lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
La postura del PJ
A fines de 2024, días después del fallo de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida, el senador de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, expresó a un medio periodístico: “El único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa. Pero si no te vota la gente, no sos reelecto, como le pasó (al expresidente Mauricio) Macri. El fallo de la Corte dijo que hay que corregir un artículo de la Constitución y se va a corregir y poner el mandato de dos períodos, aunque la Constitución (local) permitía la reelección”.
La Legislatura local
La Legislatura de Formosa, que es unicameral, está conformada por 30 diputados, de los cuales 22 pertenecen al Partido Justicialista y responden al gobernador Gildo Insfrán. Los ocho restantes son opositores: dos de la UCR, uno del PRO y cinco de fuerzas locales.
El capítulo séptimo de la Constitución Provincial establece que el juicio político al gobernador y al vice debe ser solicitado a la Legislatura. Una comisión especial evaluará su procedencia o rechazo. Si el acusado es el Gobernador o el Vicegobernador, el presidente del Superior Tribunal de Justicia presidirá las sesiones de la Legislatura, aunque no tendrá voto en el fallo. Para avanzar en el juicio político, se requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores.
