El presente año será recordado por la pandemia de coronavirus, pero también por el otro tipo de pandemia que, lejos de controlarse, no hizo más que desmadrarse también como pasó con el virus proveniente de China. Y es que la inseguridad en Tucumán debió haber sido una prioridad para la clase política, que sólo atinó a elaborar una ley con bombos y platillos y que no fue más que un fracaso más en la lista del oficialismo provincial.
Y es que la mentada ley antimotochorros terminó generando arbitrariedades de todo tipo que generaron suspicacias por doquier, lo cual no debería de extrañar. Y es que la normativa fue creada por el presidente de la Comisión de Seguridad en la Legislatura de Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse, y lejos estuvo, siquiera, de funcionar, por lo menos, en lo que hace a la prevención de los delitos que viajan en dos ruedas.
No sólo que la ley nació muerta en lo que hacía a la proyección de su efectividad. Realmente, tampoco sirvió para dar con el paradero de los delincuentes que hasta se dieron el lujo de incrementar su violencia. De esto, fue testigo la sociedad tucumana la semana pasada cuando un hombre y una mujer fueron asesinados. En un caso, el objetivo era el robo de la moto, en el segundo, hacerse con un bolso con dinero en su interior.
La ley antimotochorros que creó y defendió a viva voz el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien debía elaborar alguna medida legislativa siendo él mismo titular de la Comisión de Seguridad del parlamento tucumano, lejos estuvo de cumplir con lo prometido. Por el contrario, produjo inconvenientes a los trabajadores que se movilizan por medio de motocicletas. Sólo mayor burocracia y discrecionalidad de parte de la Policía local.
Y es que se produjeron secuestros de motos por el solo hecho de que era utilizadas para realizar turismo interno cuando estaba prohibido a causa de la cuarentena. En su momento, los motoqueros reunidos en la agrupación Motero de Tucumán habían advertido que la única intención que parecía perseguir la ley antimotochorros era la de recaudar dinero por medio de las multas de las que podían ser pasibles de sanción las personas.
ENCUESTA:
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No sólo el legislador Gerónimo Vargas Aignasse es responsable por este enorme fracaso que le cuesta la vida a tucumanos inocentes que riegan con su sangre las calles de Tucumán. En su momento, la normativa fue aprobada por la totalidad de los legisladores oficialistas, que promovieron departe del oficialismo local una iniciativa que no tenía más intenciones que las de maquillar el avance de la inseguridad en todo el territorio provincial.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Los malvivientes continuaron y seguirán recurriendo a este tipo de rodados para salirse con la suya, al tiempo que los tucumanos perdieron a manos de la burocracia del Estado y de la discrecionalidad de la Policía. En definitiva, las cárceles no se llenaron con la presencia de más motoarrebatadores, sin embargo, las arcas del estado provincial ganaron dinero en medio de la escasez de ingresos por medio de las infracciones que registraron.[/su_note]
