Dos funcionarios fueron detenidos en el marco de una causa que investiga una millonaria malversación de fondos públicos con tarjetas de débito de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
La Policía secuestró 600 tarjetas de débito que estaban destinadas para la carga de combustibles de los vehículos oficiales, pero que en realidad estaban siendo utilizadas para hacer compras falsas.
Los montos que se cargaban semanalmente en esas tarjetas oscilaban entre los $ 250.000 y el $ 1.000.000.
Los detenidos son Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa. Fuentes judiciales precisaron que en la causa además hay otros dos funcionarios implicados, con pedidos de eximición de prisión, informó Télam.
Fuentes judiciales explicaron que las detenciones se dieron tras una serie de allanamientos en La Plata y Berisso. En los procedimientos se secuestraron: dinero en efectivo, un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada, automóviles y un arma.
Investigación
La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas que trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31, de La Plata.
El fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, explicó que el hombre “se puso nervioso” y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y $ 50.000 en efectivo.
Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.
Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se quitó la vida el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.
“La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial”, afirmó el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta.