La reciente escalada del dólar blue y la devaluación del peso han generado complicaciones adicionales en la ejecución de obras públicas en diversas provincias argentinas. Esta situación, que ya había ralentizado e incluso frenado algunos proyectos, ha afectado de manera considerable a provincias como Chaco, Tucumán y Chubut, donde se registran las mayores demoras en los pagos según el testimonio de los registros empresariales.
Un factor agravante en esta situación es que la mayoría de estos distritos dependen de los giros nacionales para financiar sus proyectos. La inquietud se centra en que la industria de la construcción, especialmente en jurisdicciones más pequeñas, desempeña un papel crucial como mecanismo de contención social. Empresas de diversas provincias han tenido que recurrir a sus propios recursos para proyectos en los que participan empresas medianas y pequeñas.
Esto se ha debido a que los giros nacionales, que están regulados por la ley de obra pública y tienen un plazo máximo de 45 o 60 días, no se han realizado con la frecuencia esperada. Como respuesta a esta demora, las empresas han utilizado sus propios recursos para garantizar que los pagos se efectúen en un tiempo más corto. El Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Gabriel Katopodis, ha destacado que están colaborando con todas las provincias y municipios del país en proyectos de construcción.
Según el Ministerio, se han finalizado alrededor de 4000 obras en diferentes localidades, y la ejecución presupuestaria para finales de agosto superará el 70%. Además, se ha enfatizado que la inversión en la construcción ha sido sostenida durante los últimos cuatro años, y se ha generado una cantidad significativa de empleos, superando los 480,000 puestos de trabajo en el sector.
Además del Ministerio de Obras Públicas, otras instituciones cuentan con presupuestos asignados para diversas construcciones. Las cámaras empresariales han reconocido la inversión realizada, aunque han señalado que ha habido dificultades en los pagos. Hace un año, la exigencia de ajustes por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había generado un impacto en los pagos, y aunque se retomaron en enero, los atrasos volvieron a manifestarse a partir de junio.
El modelo en el que las provincias adelantan fondos en obras cofinanciadas no es nuevo. Ejemplos de esto son Córdoba, que mantiene un juicio con la Nación por alrededor de US$200 millones involucrados en acuerdos de la gestión anterior, y San Juan, que busca asegurar recursos propios para continuar con la construcción de un hospital. En esta gestión, es habitual que se destinen fondos directamente a los municipios para obras de menor envergadura.
A pesar de que esta opción permite que los intendentes asignen todo el financiamiento a los proyectos, las demoras han impactado en la capacidad de los municipios para cumplir con sus compromisos financieros. Las dificultades en los pagos de certificaciones han comenzado a paralizar obras financiadas por la Nación, lo que contrasta con la situación de años anteriores. En este sentido, las delegaciones del gremio de la construcción (Uocra) han alertado sobre los problemas que están experimentando desde junio.
El aumento de la inflación y la falta de reconocimiento y compensación de sus efectos han llevado a una creciente morosidad en los pagos, lo que ha generado preocupación en el sector. La situación es especialmente crítica para las pymes constructoras. La falta de precios estables para los materiales, la escasez de suministros y las demoras en la redeterminación de precios y pagos han generado una situación desafiante y angustiante para estas empresas.
La demora en el envío de fondos nacionales a provincias como Tucumán ha impactado de manera negativa en la ejecución de obras públicas, generando preocupación en el sector de la construcción y en la capacidad de las provincias para mantener sus proyectos en marcha. Las empresas, los trabajadores y las propias provincias se ven afectados por esta situación, que requiere una respuesta colectiva y coordinada para garantizar el desarrollo de la infraestructura y la economía local.
