El fin de semana se presentó en la Fiscalía Federal N°1, una denuncia penal en contra del intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro. La misma se inició ante la sospecha de que el intendente de la capital, habría incurrido en los delitos de Defraudación por retención indebida, Defraudación por administración fraudulenta y Violación de los deberes de funcionario público.
Todo comenzó cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), solicitó a fines del año 2016 al Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán que realice una auditoría sobre los fondos que la Nación aportó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ya en febrero del año siguiente (2017), los auditores del Tribunal de Cuentas presentaron al Secretario de Economía y Hacienda del municipio capitalino, el entonces contador Cristian Alejandro Abel, que debía presentar la documentación e información correspondiente a una serie de emprendimientos, tales como el Programa Nacional de Construcción de Viviendas acerca de cuatro obras relacionadas con el Programa Techo Digno, con el Programa Mejor Vivir II, con el Programa destinado a la remodelación de la peatonal céntrica, así como la documentación e información respecto al Programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja compuesto por el programa de capacitación de personas físicas en estado de vulnerabilidad social.
Pero eso no es todo ya que debía informar también sobre el Programa de financiamiento de obras viales que integran repavimentación de carpeta asfáltica zona central y Norte del municipio, el proyecto conexiones domiciliarias de gas, el cual integra el convenio para la ampliación del sistema de gasificación de barrios de bajos recursos de la ciudad, un proyecto de seguridad vial, el programa nacional de uso racional de energía eléctrica, el cual estaba integrado por el programa destinado el recambio de luminarias de alumbrado público por otras de mayor eficiencia, el plan integral Más y Mejor Trabajo destinado a la promoción de empleo y el plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
Pero resulta que no hubo respuesta de parte de las autoridades municipales. No conforme con ello, a mediados del 2017 Germán Alfaro rechazó expresamente la intervención y las facultades del Tribunal de Cuentas de Tucumán para realizar la auditoría requerida por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en lo que respecta a los fondos enviados por parte del gobierno de la Nación, que en ese momento era conducido por el presidente Macri, por entonces socio político del intendente de la ciudad.
Con esta actitud de parte del intendente capitalino está claro que su intención habría sido la de eludir el contralor del Tribunal de Cuentas provincial, un órgano al cual le corresponde realizar dicha actividad por delegación expresa hecha por la SIGEN. Cabe señalar que, ante el silencio de Germán Alfaro, el Tribunal de Cuentas provincial no tuvo más remedio que dar por concluida la labor encomendada por la SIGEN, por lo que no se pudo llevar a cabo la auditoría ordenada desde Nación.
La gravedad de lo denunciado puede dimensionarse por medio de la actitud del intendente, así como por parte de sus claras evasivas debido a que jamás se pudo determinar a ciencia cierta el destino de un total de más de 122 millones de pesos. Para colmo, en la Municipalidad se formaron expedientes de los que surgen que las sumas allí consignadas ni siquiera se acercan a lo transferido por parte de Nación, al tiempo de que nunca se brindó la documentación respaldatoria de los requerimientos ni de lo expuesto por ellos mismos en tales expedientes.
Lejos de hacerse cargo de semejante desmanejo, Germán Alfaro sólo se limitó a chicanear expresando, por medio de una carta documento, que se trataba de una “maniobra política” al tiempo que desconocía las facultades propias del Tribunal de Cuentas de la provincia. En definitiva, lo que está claro es que hasta el día de hoy los ciudadanos desconocen dónde y cuándo fueron imputados y a qué obras o programas se dirigieron los fondos nacionales.
Además de lo expuesto, jamás se puso a disposición del Tribunal de Cuentas la documentación requerida. Que los montos expresados en los expedientes no se acercan a los fondos enviados por Nación al municipio, por lo que surge solamente que dichas sumas de dinero no se habrían aplicado al destino original previsto en las partidas presupuestarias nacionales y se habrían destinaron a otros fines de lo cual tampoco da cuenta Germán Alfaro.
De esto se desprende que la conducta del intendente capitalino resulta claramente reñida con los deberes que los funcionarios públicos tienen que cumplir por parte del mandato constitucional y legal.
Quedará en manos de la Justicia Federal el desarrollo de la investigación acerca del destino que tuvieron esos fondos, como así también en qué fueron utilizados, por el intendente Alfaro.
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