Que la pandemia mundial de coronavirus dio lugar a situaciones sin precedentes y a convertir hechos excepcionales en cuestiones habituales, no queda duda. Es justamente lo que ocurre en Tucumán con el paro de colectivos que en la fecha cumple un total de 15 días consecutivos. En esta provincia se hizo una mala costumbre que el servicio público de pasajeros pueda permanecer absolutamente paralizado y por tiempo indeterminado.
Sin embargo, contemplar la problemática más allá de esta foto de miedo nos trae directamente una película de terror cuando se contempla el panorama completo. Y es que con la de hoy, serán unas 59 jornadas en lo que va del año en las cuales no se prestó el que es un servicio esencial, el cual, ni la pandemia logró detener. Sin ir más lejos, estuvo exceptuada por el mismo DNU que firmó el Gobierno nacional cuando se decretó la cuarentena en marzo.
Sin embargo, en Tucumán no pareciera que se trata de una actividad esencial, al punto de que Tucumán es la única provincia del país que continúa sin colectivos por el paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Pero la situación no pareciera conmover ni a propios ni a extraños debido a que las repercusiones son escasas a pesar de la gravedad que implica que este tipo de servicios no se preste teniendo en cuenta la cantidad de dinero que el Estado invierte.
En ese sentido, los ciudadanos son rehenes de los empresarios que manejan el negocio, que durante décadas les fue mucho más que redituable, cuando sus arcas crecieron sin parar. Sin embargo, ahora aducen que no tienen dinero para pagar sueldos. A todo esto, el propio intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, declaró en su momento que procedería a quitarles las licencias para que otros pudieran encargarse de brindar el servicio.
Sin embargo, la amenaza pronto quedó en la nada, al punto de que el secretario general de UTA, César González, cuestionó justamente la posición pasiva de la municipalidad capitalina, debido a que no tienen interés de encontrar una solución al servicio de transporte público de pasajeros. Pero desde la intendencia se lavan las manos, ya que el subsecretario de Gobierno municipal, Eduardo Prebisch, aseguró que su administración no tiene por qué intervenir.
Y es que dijo que sólo se trata de un conflicto sectorial y que la municipalidad no tiene por qué intervenir ni de parte de trabajadores ni de parte de empresarios. De esta manera, la administración capitalina con Germán Alfaro a la cabeza, ignora o se hace la desentendida de lo que es, ni más ni menos, que un servicio esencial al que el Estado en todos sus niveles está obligado a garantizar y a hacer que se cumpla atendiendo la necesidad de la gente.
En la misma línea, de parte del Concejo Deliberante de la Capital tampoco se hizo nada en pos de tratar de resolver este conflicto. En su momento, su titular, Fernando Juri, se expresó al respecto pero todo quedó en la nada misma. Y es que nadie en San Miguel de Tucumán está dispuesto a hacer valer la correcta prestación del servicio por medio de la quita de licencias a los empresarios, cuya potestad es de Germán Alfaro.
Cabe recordar que en el artículo 22°, la ordenanza 5011/19 reza que “la prestación del servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros no podrá interrumpirse. Su continuidad y regularidad revisten carácter obligatorio para las concesionarias y debe ser garantizadas por éstas´. Es deber del intendente cumplir con esta norma y con la Ley Orgánica de municipalidades que expresamente regula los deberes y atribuciones del Departamento Ejecutivo, ordenándole expedir órdenes y adoptar medidas preventivas para evitar el incumplimiento de la ordenanza”.
Por su parte, desde la Legislatura también sus integrantes brillan por su ausencia a la hora de intentar resolver este conflicto. Y es que debe controlar los actos del Poder Ejecutivo, es decir, del mismo gobierno del cual depende la tarifa de los servicios de transporte por fuera del ámbito urbano. Sin embargo, en este caso ni siquiera trascendió una declaración de compromiso, directamente patean la pelota fuera de la cancha.
Una reflexión final pasa por el hecho de que, debido a que la gente no se expresa sobre esta irregular y grave situación, pareciera ser que no necesario este medio de transporte. En ese marco, cabe preguntarse para qué el Estado debería pagar por un servicio que no es necesario entonces. También depende de la sociedad reclamar por una actividad que posibilita la única forma de transporte con la que cuentan muchas personas que no pueden costear un taxi.
