Adriana Giannoni presentó a las 8.23 de ayer una batería de cuestionamientos para impedir la actuación de Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, en la investigación de los ginecólogos que interrumpieron el embarazo de la niña abusada llamada “Lucía”. La fiscala separada del expediente por Pedicone sostuvo que en realidad era este quien debía ser apartado. “El juez perdió la imparcialidad”, advirtió en el escrito mediante el que recusó a Pedicone; pidió la suspensión de la audiencia fijada para este lunes y solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revise la decisión que la había dejado afuera “por temor fundado de falta de objetividad”. Los planteos no surtieron efectos inmediatos puesto que Pedicone siguió adelante, y anuló la citación a indagatoria de los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, y envió las actuaciones al fiscal de turno para que investigue si Giannoni incurrió en delitos al negarse a entregar la causa (se informa por aparte).
La fiscala expresó que el camarista era incompetente para apartarla puesto que su intervención en el caso había quedado firme. Según su criterio, avalar este giro suponía infligir una lesión al principio de la cosa juzgada. Giannoni manifestó que la sentencia de Pedicone implicaba un retroceso jurídico que asustaba con tan sólo pensarlo. La representante del Ministerio Público Fiscal insistió en que el magistrado había decidido sacarla del proceso en una audiencia del 31 de julio celebrada para analizar la situación del juez Facundo Maggio (también fue separado por “temor fundado de falta de imparcialidad”). “Sin haber sido siquiera convocada a participar en dicha audiencia ni notificada formalmente al respecto, la decisión del vocal sorpresivamente involucró a mi persona”, afirmó. Pedicone motivó el apartamiento en el hecho de que había carteles contrarios a la interrupción de embarazos en la Fiscalía de Giannoni, a quien la diputada Teresita Villavicencio denunció por la supuesta amenaza de los médicos que atendieron a “Lucía”.
La fiscala agregó que los defensores de los ginecólogos habían consentido su actuación: “la recusación interpuesta en mi contra fue rechazada oportunamente en atención al desacierto y a la falta de motivación de los planteos”. Y precisó que sus colegas le habían transmitido que Pedicone había formulado consideraciones personales respecto de su capacidad para tramitar la pesquisa. “De esta manera resulta palpable que quien ha tomado una postura no soy yo, sino el vocal que sentenció que carezco de objetividad”, opinó con cita a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Giannoni expresó que el alto tribunal local debía revocar su apartamiento puesto que este entrañaba una gravedad institucional inadmisible. La fiscala manifestó que la decisión que cuestionaba suponía una evidente distorsión del funcionamiento de las instituciones básicas de la república, que afectaba de modo inmediato a la comunidad en general.
