Gobierno vs Campo: la dirigencia del agro se acerca al Congreso, pero las bases quieren mostrar su enojo y planean un tractorazo sobre Buenos Aires

Un nuevo capítulo en la historia de desencuentro entre el campo y el Gobierno se está escribiendo. Hay un enfrentamiento abierto entre ambos. El oficialismo volvió a utilizar viejas herramientas para contener la inflación y a la vez recaudar dinero, con funcionarios que señalan al agro como enemigo casi natural, a su vez decidido a resistir y dar batalla en diferentes frentes.

Las retenciones fueron otra vez el disparador del conflicto, que a medida que pasan los días se va recalentando. Las bases agropecuarias están decididas a mostrar su rechazo al aumento de la presión tributaria (en este caso la suba de dos puntos en los derechos de exportación de harina y aceite de soja) y quieren llevar ese mensaje a las grandes ciudades, sobre todo a Buenos Aires.

Por su parte, la Mesa de Enlace, a veces acusada de pasividad ante los embates del oficialismo, eligió como estrategia no limitarse al cruce de acusaciones y a las medidas de fuerza y apuesta a utilizar al Congreso como un contrapeso de las decisiones del Ejecutivo, para poner coto a las avanzadas del gobierno de Alberto Fernández.

Sensaciones

En la dirigencia agropecuaria quedaron “buenas sensaciones” de las reuniones que mantuvieron con los bloques opositores de la Cámara de Diputados y esperan consolidar su posición esta semana que comienza con encuentros con senadores. El pedido, más allá de mostrar la realidad y la asfixia tributaria del sector, es simple: que legislen sobre derechos de exportación (retenciones), pues entienden que el Gobierno nacional la potestad delegada de hacerlo. La aspiración ya no es una quimera: los números de la oposición en ambas cámaras habilitan la posibilidad de que algo suceda.

Así, la Mesa de Enlace suma la estrategia política la Judicial. La Sociedad Rural Argentina (SRA) ya presentó un amparo a la Justicia Federal cordobesa pidiendo la nulidad de las retenciones establecidas por el Gobierno nacional, al entender que caído el Presupuesto 2022 también lo hicieron las facultades delegadas por el Poder Legislativo con las que contaba el Ejecutivo para imponer o retocar retenciones. Todavía espera una respuesta de la Justicia a este reclamo, que de ser positivo, significaría un duro golpe para el Gobierno.

Las bases agropecuarias y productores autoconvocados también se mueven. Como sucede ante decisiones oficiales de este calibre, hubo múltiples asambleas en diferentes puntos del país a la vera de las rutas o en las rurales de ciudades y pueblos del interior y parece haber un criterio unificado y una meta: llevar la protesta a Buenos Aires, recorrer la Capital con un “tractorazo” que los visibilice, haga ver su reclamo y realidad, para evitar que el poder político los ignore. Hasta ahora la fecha elegida es el 23 de abril y el desafío logístico y organizativo es considerable.

Del lado del Gobierno, las estrategia no es nueva: más presión impositiva, más intervención en los mercados con el pretexto de controlar la inflación y “cuidar la mesa de los argentinos”. Si bien el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez jura y perjura que la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja no afectará a los productores, sino a unas pocas empresas exportadoras, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, está convencido de que el aumento de las retenciones debería ser aún mayor y señala al sector como especulador y causante de la suba de precios de los alimentos en desmedro del resto de la sociedad.

“Protesta en leyes”

Para el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, es imperante que el sector agropecuario logre generar una suerte de contrapeso que pueda ponerle un freno a las decisiones del Gobierno de Alberto Fernández en lo referido a la cuestión impositiva. Es por eso, que entiende que hoy la mejor herramienta que existe para lograrlo es el Congreso nacional y que, al mismo tiempo, existe la posibilidad cierta de que ese objetivo se logre debido a la fuerte presencia opositora en ambas cámaras.

En diálogo con Infobae, Chemes remarcó algo natural: “Las leyes tienen que salir del Poder Legislativo, pero si nosotros no transformamos estas protestas en leyes va a ser muy difícil parar el embate del Poder Ejecutivo. Es una forma de frenar el avasallamiento del Gobierno nacional sobre nosotros y poder reafirmar este freno con una ley para que nadie lo pueda tocar”.

Chemes entiende que hoy existe un mayor plafond que años atrás para que los objetivos del campo se puedan materializar, ya que, consideró, que “hay un mayor convencimiento y decisión política de avanzar en este tema”. No obstante, remarcó que “esto tiene que ser organizado con un estudio profundo porque si bien nosotros queremos que se reduzcan las retenciones y que en definitiva se eliminen totalmente, también hay que pensar en un reforma impositiva. Acá se trata de no desfinanciar el Estado, pero hay que evitar el daño que se está ocasionando con el tema retenciones y también con el paquete impositivo. Tenemos 170 impuestos que pagar”.

Si bien la dirigencia agropecuaria eligió la estrategia legislativa para sus intereses, no corta el diálogo con el Gobierno a pesar de sus magros resultados, sino que subrayó que hoy “está abierto” pero que cuando se toman las decisiones oficiales, generalmente van en el sentido contrario a lo que se habló de manera anterior.

Si bien la dirigencia agropecuaria eligió la estrategia legislativa para sus intereses, no corta el diálogo con el Gobierno a pesar de sus magros resultados.

Es por esto que insistió en continuar “con las conversaciones y reuniones con el Gobierno. No hay que contarlas, pero por supuesto tener en cuenta las medidas de protestas. Yo no creo que funcione con una sola, sino que hay que seguir con las tres estrategias a la vez: la del Parlamento, la discusión con el Poder Ejecutivo y la herramienta de la protesta, pero hay que ir regulándola de acuerdo a las necesidades del momento”.

Por último, el dirigente agropecuario marcó que supone que “la pelea en el Congreso va a ser mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados a ver. El Gobierno tiene una necesidad imperiosa de recursos, por lo cual no va a escatimar esfuerzos en tratar de recaudar más y nosotros nos vamos a oponer a esto, con lo cual no hay un único objetivo. Creo que vamos a estar en un escenario de confrontación continua si las cosas siguen como están”.

El pato de la boda

Como se dijo anteriormente, productores agropecuarios se reunieron en varias asambleas a lo largo y ancho del país tras conocerse la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones. Si bien las quejas de los agricultores se repiten en cada encuentro, de estas últimas reuniones parece haberse llegado a una resolución en la cual todos parecen estar de acuerdo: la necesidad de llevar la protesta a Buenos Aires, que se haga visible su enojo en la gran ciudad. Hasta ahora la fecha para semejante gesta sería el 23 de abril.

“Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”, bromea el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, quien remarcó la necesidad de “visualizar la problemática del campo”. Es por esto que está convencido de que “la ciudadanía tiene que estar involucrada y entendiendo el problema, tanto con respecto a lo administrativo y económico, como así también con lo social y el derrame de dinero que no está quedando en el interior, por que al no ser coparticipables las retenciones y no rendir cuentas, es un agujero negro que lo utiliza el Poder Ejecutivo en forma discrecional. Hay que dar la discusión en este sentido”.

Pero a Josifovich, como al resto de los productores, les interesa también “no ser el pato de la boda permanentemente, no ser la caja de recursos para cuando las papas queman”. Para el dirigente agropecuario, quien participó en la asamblea que se llevó a cabo hace dos semanas en la localidad bonaerense de San Pedro, “el Estado nacional tiene que tener la suficiente soltura y know how para acomodar la economía en su conjunto y no cada vez que haya déficit, una suba de precios o problemas inflacionarios, con un discurso demagógico de cuidar la mesa de los argentinos, se recurra al aumento de los derechos de exportación. No queremos estar permanentemente acuciados y agobiados por el Gobierno que cuando necesita dinero al único lugar que recurre es al campo. No somos nosotros los únicos que tiene que pagar esta fiesta”.

Josifovich también entiende que la medida se da en un contexto donde al Gobierno nacional “no le interesa manejarse bien con el campo”, sino que la estrategia del oficialismo pasa “por otro lado”, sobre todo si se toman en cuenta las declaraciones de Feletti, que “toma como enemigo número uno al sector. Nosotros somos el enemigo por antonomasia para este Gobierno. Es por esto que “es necesario poner sobre blanco este problema, que si bien creemos que va a continuar, buscamos por lo menos morigerar y dejar de ser el sector que paga la fiesta indiscriminada de la demagogia”.

Caja de resonancia

Para el analista y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, la medida del Gobierno podría haber sido peor a la que finalmente se tomó, pero gestiones de Domínguez para “amortiguar” su impacto y el límite legal con el que cuenta el Ejecutivo a la hora de decidir la alícuota evitaron que las mismas sean más “drásticas”. No obstante, el descontento escaló de todas maneras.

Es así que Romero sostuvo que “el sector ha encontrado en el Congreso un canal o una válvula de escape para descomprimir algo del enojo que hay en las bases. Si bien es cierto que no hay que descartar que la efervescencia de los autoconvocados y las asambleas puedan seguir, la Mesa de Enlace encontró en el Congreso alguna repercusión de interlocución que le permite descomprimir algo la demanda que venía desde abajo”.

“Es inteligente que hayan decidido avanzar sobre el Poder Legislativo, porque es un terreno donde se pueden hacer cosas”, destacó Romero, que entiende que la dirigencia agropecuaria encontró en los bloques opositores en la Cámara de Diputados una “caja de resonancia de su reclamo y podría ser una manera en el que el sector pueda lograr algunos objetivos”.

“Obviamente esto no va a descomprimir del todo la presión de las bases y no se debe descartar expresiones de protesta, pero la Mesa de Enlace encontró una instancia donde cobra algún protagonismo como actor de mediación entre el enojo de las bases y de un Gobierno que se siente necesitado de recursos, apelando al campo a sabiendas de que no es parte de su base electoral”, concluyó el analista.