La doctora Lausberg emitió el siguiente comunicado:
En fecha 27 de marzo realicé una presentación ante el JUZGADO FEDERAL N°1 Secret. Civil a los efectos de solicitar judicialmente la nulidad del acta de reunión de asamblea de accionistas clase “B” de Canal 10 firmada el 13 de marzo por el Lic. José Hugo Saab en la cual disponía el “pasaje de presidencia” del Dr. Rodolfo Burgos al actual presidente del directorio de Canal 10 Ing. Leandro Diaz, ambos directores representantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN ya que la disposición resulta violatoria del estatuto del Canal que dispone que en caso de ausencia del presidente del directorio (tal el caso del Dr. Burgos quien viajó a Europa) quien debe asumir es el vicepresidente.
¿Está facultado el Lic. Saab para disponer actos de los que resulta el incumplimiento de la normativa que rige a la institución?
¿Tenía conocimiento el Sr. Rector de esta reunión?
Ante esta duda, en fecha día 21 de marzo de 2023 presenté nota al Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN. Transcribo el contenido de la misma: “Dra. Ingrid Lausberg en mi carácter de vicepresidente de TELEVISORA DE TUCUMAN S.A.P.E.M. solicito a Ud. con urgente despacho informe si ha otorgado licencia al director designado por la Universidad Nacional de Tucumán, Dr. Rodolfo Burgos, en virtud del abandono injustificado de sus funciones. Asimismo, precise, en el caso de haberla otorgado, si autorizó la ausencia del director Burgos de la provincia, o bien, del país, ya que no obra instrumentalidad que indique nada. Entiendo, que es de gravedad institucional para un canal público como lo es CANAL 10 tan querido por todos los Tucumanos, que uno de sus directores designados no se encuentre presente para la toma de decisiones y la integridad de los votos. Aprecio que, por tratarse de una empresa del Estado se deben guardar los recaudos institucionales propios del cargo. Ruego a Ud. eleve esta presentación para conocimiento del Honorable Consejo Superior”.
La respuesta del Ingeniero Pagani fue el silencio.
Por otro lado, en fecha 31 de julio la sindicatura en su integridad, presenta informe observando la existencia de facturas adulteradas y de “ordenes de no facturar”. Facturas de operaciones comerciales por las que, además, se pagaron millonarias comisiones por “ventas” a una sola persona de los 107 integrantes que conforman la planta del canal. Las sumas cobradas por comisiones ascendieron a cifras que superan holgadamente el sueldo que percibe un Magistrado presidente de Corte Suprema de cualquier provincia del país.
El Art. Artículo 177 del Código Penal tipifica la obligación de denunciar que pesa sobre los funcionarios o empleados públicos cuando, en ejercicio de sus funciones, conozcan sobre la presunta comisión de delitos perseguibles de oficio. En orden a esta normativa es que he procedido.
En fecha 3 de septiembre, di conocimiento de estos hechos a la justicia, encontrándose en trámite su investigación por parte del JUZGADO FEDERAL N°2 Secret. Penal.
No me siento identificada con un directorio en el cual los directores representantes de UNT están procesados penalmente por la comisión de delitos graves.
No me identifico como representante de la provincia, con directores que disponen como propios los intereses de una empresa estatal y que han permitido que se paguen millones por comisiones por venta de publicidad a una sola persona con cifras superiores a la totalidad de los sueldos promedios del canal. Para finalizar, en nombre de la provincia defendemos los intereses de todos los Tucumanos frente a esta dinámica fraudulenta.
