Parece no tener fin la pelea entre el gobernador Juan Manzur y el presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo. Pero, como si eso fuera poco, las consecuencias de este enfrentamiento parecen ir en la misma dirección, es decir, una continuidad de inconvenientes que tienen lugar a partir de la grieta que ambos dirigentes abrieron en el peronismo local y que de a poco genera cada vez más problemas.
En ese marco, se conoció una carta dirigida al gobernador de parte del intendente de Banda del Río Salí en la que el intendente local, Darío Monteros, dejó en claro que la Municipalidad que él conduce hay muchos servicios esenciales en riesgo debido al hecho de que sufrió un recorte de un total de unos 93 millones de pesos entre abril y mayo en los fondos que recibe del gobierno provincial.
El recorte de los fondos destinados a obligaciones salariales y gastos de funcionamiento fue de 31,8 millones de pesos, y la baja en recursos para obras públicas alcanzó los 62 millones de pesos, de acuerdo a lo indicado por parte del jefe municipal. De más está decir que la quita de recursos se habría producido por la ruptura política entre Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, en marzo último.
Los recortes de fondos a la Municipalidad claramente generan perjuicios. En seguridad, se sufre la falta de mantenimiento en los vehículos, reducción de combustible, falta de pago de sistemas de seguridad, radares, alerta y centro de monitoreo, así como la carencia de recursos para las alertas tempranas coordinadas con el Poder Judicial con dispositivos para evitar la violencia de género en mujeres de alto riesgo.
Por otra parte, en el Centro de Vacunación, existen serias dificultades para sostener el funcionamiento por la falta de provisión de recursos, personal, protección, etc. También, se encuentran pendientes de pago medicamentos y elementos de seguridad en el Policlínico y los CAPS municipales para enfrentar la pandemia. Asimismo, hay dificultades para atender el funcionamiento de la Escuela Municipal que tiene 1300 alumnos.
El área de Acción Social desde fines de abril dejó de recibir los módulos alimentarios del Gobierno de la Provincia, así como las ayudas sociales y el apoyo a pacientes de coronavirus y sus familias. El recorte de fondos para Obras Públicas ha ocasionado la paralización total del plan previsto para 2021, así como el incumplimiento de los compromisos asumidos con anterioridad que se encuentran pendientes de pago.
Incluso, hasta se paralizaron obras de bacheo, de pavimento articulado y el alumbrado público, así como el pavimento en frío y el nuevo local del Centro de Monitoreo Municipal. Queda claro que es injusto que esto ocurra debido a que, en este caso, no se les está quitando y reteniendo los recursos al Intendente, sino que se está avasallando al vecino. ¿Hasta cuándo la sociedad tucumana tendrá que continuar padeciendo las consecuencias de la pelea por el poder?
