Con el correr de los días van surgiendo nuevos detalles de los supuestos arreglos que habrían existido entre personal de Gendarmería Nacional y bagayeros. Ahora, por la investigación que se está desarrollando en Tucumán, se supo cómo era la millonaria maniobra en la que están involucrados efectivos de toda la región y no sólo de esta provincia.
Hace un año, los comerciantes que traían mercadería ilegal desde la zona de la frontera, denunciaron de manera anónima que los gendarmes se estaban “excediendo” en el cobro de coimas cuando regresaba del norte del país. Las presentaciones eran realizadas por notas o verbalmente.
La quema del micro del tour de compras en Trancas registrado en agosto pasado fue otro de los hitos de la pesquisa. Los pasajeros del ómnibus se enfrentaron con los gendarmes que pretendían registrarlo. Prendieron fuego porque en su interior transportaban drogas. Ya se confirmó que llevaban marihuana y, según algunas versiones, también cocaína que lograron sacarla en medio del caos. “Ya pagamos lo que debíamos haber pagado”, fue una de las frases que se escuchó en los videos viralizados y que fue incorporado como un indicio más en el expediente.
Equipo conjunto
Los fiscales federales Agustín Chit (Tucumán) y Carlos Amad (Salta), al percatarse que estaban investigando lo mismo, decidieron recurrir a la figura de Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que les permitió trabajar en conjunto y compartir valiosa información.
Diferencias
Las autoridades salteñas procesaron a ocho gendarmes por haber cobrado coimas a las personas que se trasladaban en los tours de compras. Según la investigación desarrollada por Amad, sólo en el puesto de El Naranjo, ubicado a 18 kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera y el último antes del que está en Molle Yaco, cobraban entre $3.000 y $7.000 para no revisarlos a los que viajaban en tours de compra o de manera particular. En la audiencia donde se les dictó la prisión preventiva a ocho gendarmes, el representante del Ministerio Público estimó que por día habrían recaudado al menos $1 millón.
Sin embargo, los investigadores sostienen que en Tucumán estaba la “madre de los arreglos”. Por la complejidad y la cantidad de participantes en la maniobra determinaron que tenía tres tipos diferentes de aristas. Por un lado, los gendarmes que a cambio de al menos $400.000 por micro, les permitían ir y volver sin ser molestados en todo el recorrido, por lo que es evidente que el acuerdo también alcanzaba a los otros 10 controles que existen de Orán a Tucumán.
EN LLAMAS. El ómnibus que fue quemado en Trancas.
Fueron detenidos los efectivos Exequiel López, Ángel Mendoza, Cristian Amarilla, Arnaldo Viravica, José Ortiz, Darío Ávalos, Rodrigo Agüero, Enrique Luque, Sergio Vilte, Maira Gabriela Mamaní y Lucas Córdoba. Fueron acusados de integrar una asociación ilícita, de cobrar coimas y de incumplimientos de los deberes de funcionario público.
Al parecer, por la información a la que se accedió, habría existido un gendarme que oficiaba como nexo. No sólo con las personas que pagaban los sobornos, sino también con sus compañeros de fuerza a los que le habrían entregado sumas de dinero para que permitiera el paso de los tours de compra en toda la región y no sólo en Tucumán. Según trascendió, ese circuito habría quedado probado porque Chit, con la orden judicial correspondiente, investigó sus movimientos financieros.
Otras claves
En un segundo plano, se encuentran los organizadores, conocidos como coordinadores que, según la acusación, formaron una asociación ilícita para pagar los sobornos con el único fin de que se les permitiera trasladar mercadería de contrabando y drogas. Por estos ilícitos fueron detenidos Neri Cristian Calle, María Cristina Uzieda Lozada (pareja de “Papichulo”, otro conocido organizador de tours de compras) y Manuel Lazarte, responsable del micro incendiado en Trancas y vinculado a la excursión en el que la Policía secuestró 61 kilos de marihuana. Hay al menos otros cinco señalados por cometer este tipo de delitos prófugos.
Defendido por Aníbal Paz y Jesús Ruiz Flores, el acusado se habría negado a declarar, como lo hizo la mayoría de los imputados. Existirían evidencias después de haber contado con la participación de agentes reveladores en la causa. Todos los acusados aportaron el código de desbloqueo de sus celulares para que sean analizados. La tercera línea está ocupada por las personas que recibían el pago de sobornos a nombre de terceros utilizando billeteras virtuales o recibiendo el efectivo personalmente. Por esa razón, acusada de formar parte de esa asociación ilícita, fue arrestada Emma del Valle Olivera, madre del gendarme López. Cuando los investigadores allanaron su domicilio en el marco del Operativo Dignidad, secuestraron $30 millones en efectivo. Hay otra persona prófuga por realizar la misma tarea en esta estructura.
No se descarta que en los próximos días, los defensores acepten aportar algunas pruebas a cambio de que mejore su situación procesal. Varios de ellos estarían dispuestos a colaborar con la investigación para demostrar que no formaban parte de ninguna asociación ilícita, sino que realizaban el pago de sobornos para poder seguir con la actividad que vienen desarrollando desde hace años. Habrá que esperar.
