El 9 de febrero de 1975 se iniciaba en cumplimiento del Decreto 261 del Poder Ejecutivo Nacional el Operativo Independencia en los cerros tucumanos. El mismo aseguraba la participación de 5 mil efectivos de la V Brigada de Infantería, la Policía Federal y a Gendarmería Nacional bajo el comando del general Adel Vilas. En diciembre, sería reemplazado por Antonio Domingo Bussi.
El objetivo del Operativo Independencia era “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de lo que se definía como “elementos subversivos” en la Provincia de Tucumán. Las Fuerzas Armadas instalaron en la provincia un régimen de terrorismo de Estado con violación masiva de derechos humanos, desapariciones forzadas y el establecimiento de centros clandestinos de detención.
En marzo del 74′, el Ejército Revolucionario del Pueblo puso en funcionamiento un frente rural en el sur de nuestra provincia. Así comenzó a funcionar la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que contaba con 50 miembros.
El decreto 261 establecía que “el comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMÁN”. Luego se haría extensiva a todo el territorio nacional.
En el Operativo Independencia se implementaron un conjunto de prácticas ilegales como secuestros, ejecuciones sumarias, torturas en espacios clandestinos de encierro y desaparición de cadáveres. Se considera que Tucumán fue el “laboratorio” del terrorismo de Estado en la Argentina.
Vilas pasó a ser la autoridad política de la provincia, sumando apoyo de la dirigencia política y sindical y de la sociedad civil. La estrategia estuvo basada en la eliminación de las bases de apoyo de los guerrilleros en la ciudad, extendiendo el margen de acción mucho más allá de las operaciones en el monte.
“Con la mira puesta en erradicar al “marxismo”, la represión se extendió a los colegios, la Universidad Nacional de Tucumán, diferentes iglesias y sindicatos combativos. Al tiempo que se avanzaba en las tareas de inteligencia sobre la población, el Ejército buscó el apoyo de los habitantes del monte mediante una campaña de “acción cívica”, o sea, de obras de bien público vinculadas a la educación, la salud, el deporte y la ayuda social. En un trabajo en conjunto realizado con el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, se inauguraron centros asistenciales, se llevaron adelante campañas sanitarias, se repararon escuelas, se repartieron alimentos, útiles y se dieron subsidios”, apunta Esteban Damián Pontoriero en Infobae.
El Ejército ocupó la ciudad y las regiones rurales, evitando internarse en la selva, cortando suministros y deteniendo militantes cuando descendían al llano. La Compañía estuvo así imposibilitada de establecer contactos políticos y logísticos con la ciudad y el monte.
Esto se intensificaría tras el golpe del 24 de marzo de 1976 y no se detendría hasta el “aniquilamiento completo”. En septiembre del 77′, el general Jorge Rafael Videla, a cargo del gobierno de facto (1976-1981), celebró la “victoria en la guerra contra la subversión” en Tucumán. La estrategia represiva y el exterminio del Operativo Independencia se extendió a todo el país a fines de 1975.
En 2017, en el marco de la causa por el “Operativo Independencia”, el Tribunal Oral Federal de Tucumán impuso prisión perpetua a seis imputados y fijó penas de 4 a 18 años para los otros cuatro condenados. Siete imputados fueron absueltos. El 9 de diciembre de 2019 comenzó el juicio por el “Operativo Independencia II”.
