Cuatro peones rurales santiagueños fueron rescatados en una finca ubicada en la ciudad de Aguilares, al sur de la provincia, en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral. El allanamiento había sido solicitado por el Fiscal Federal Pablo Camuña, que interviene en la causa junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El Juzgado Federal Nº2, a cargo de Fernando Poviña, hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó el allanamiento, que se realizó durante la mañana de este jueves. En el operativo participaron el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores; la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Tucumán; el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas de Tucumán.
Ahora, los organismos intervinientes deberán poner a disposición de los trabajadores golondrinas los dispositivos necesarios para el cese de las actividades que realizaban y brindarles la reparación necesaria.
La causa que investiga la explotación laboral de obreros rurales inició con un informe del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, donde se denunciaba que un grupo de personas oriundas de Santiago del Estero había sido trasladado hasta la localidad de Aguilares para trabajar en la actividad citrícola.
De acuerdo a dicha denuncia, los trabajadores se encontraban cumpliendo tareas en pésimas condiciones de higiene y seguridad y sin recibir los pagos prometidos. Según la presentación, las personas acusadas habrían tercerizado servicios de cosecha a productores de la zona, utilizando para ello a ese grupo de víctimas.
Inmediatamente, el Ministerio Público Fiscal ordenó el inicio de la investigación para dar con las víctimas y los responsables. Personal de Gendarmería Nacional logró georreferenciar la ubicación de la finca donde se llevaba adelante la explotación de los obreros. Durante el allanamiento se logró confirmar las condiciones en las que trabajaban y en las que eran alojados.
Además, los investigadores confirmaron que varios de los damnificados habían sido obligadas a trabajar pese a estar infectados con Covid-19 y sin ningún tipo de protección o asistencia sanitaria por parte de sus empleadores.
