La Justicia tucumana atraviesa sus horas más oscuras desde lo institucional. El mes pasado, trascendió la información acerca de distintos nombramientos de familiares del máximo tribunal local, en un claro como aberrante ejemplo de nepotismo. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán oficializó el puesto de relatora del vocal Daniel Posse para Lucila Bercovich. Se trata de la hija de, nada más y nada menos, la propia titular de la Corte Suprema, Claudia Sbdar.
Habla de la gravedad de este asunto el hecho de que esta designación interina cuente con el aval de la firma del resto de los miembros del máximo tribunal: Antonio Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. La situación es tal, que apenas sólo Leiva y Rodríguez Campos no tienen a su descendencia integrando el staff al servicio de la Corte Suprema. Esto se debe a que el caso de la hija de Claudia Sbdar no es el primero, sino el cuarto caso de este tipo.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Además de la cuestión de fondo, está la cuestión de las formas, esto se debe al hecho de que arriban a ocupar estos puestos por medio de nombramientos discrecionales. Ya antes, fue el caso de Facundo Posse, quien se sumó como secretario privado de su propio padre cuando ocupó el cargo de presidente de la Corte entre el año 2017 y el 2019. Y previo a él, la abogada litigante, María Marta Estofán, había sido designada como relatora de su padre también.[/su_note]
Pero en el medio de estos dos últimos casos, el propio hermano mayor de esta última, ingeniero de profesión, Juan Pablo Estofán, comenzó a trabajar en la Dirección de Sistemas del Poder Judicial, en lo que fue otra decisión provisoria de la Corte Suprema. En realidad, el joven había sido designado previamente a la Junta Electoral, nuevamente por medio de otra designación discrecional. Además, se tratan de puestos que son los más altos en lo que hace a la jerarquía y retribución económica, en algunos de los casos rondan aproximadamente los $400.000 mensuales.
A todo esto, y para no quedar fuera de esta falta de ética pública, quien no quiso desentonar fue el Ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila. El funcionario, aprovechó la pandemia mundial de coronavirus para ascender dos veces en poco más de medio año a su propia hija en el cargo de Auxiliar defensora. Se trata de Magdalena Navarro Vitar, quien pasó de desempeñarse como prosecretaria “C” a trabajar como secretaria judicial “A”.
Esto implica ocupar uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la institución que preside su progenitor. Pero los hechos carentes de ética no terminan aquí. Cabe recordar lo que pasó durante el transcurso de la última semana, ya que la Legislatura aprobó el polémico pliego del juez Facundo Maggio, quien ocupará el cargo de magistrado en el Tribunal de Impugnación. El magistrado es nada menos que sobrino político del ministro fiscal, Edmundo Jiménez.
Se trata de un nombramiento muy importante, teniendo en cuenta que se trata de un tribunal clave a nivel provincial, muchas de las causas de corrupción que se tramitan en Tucumán, pasarán por este tribunal. Pero este episodio no es una isla, ya que está encadenado con otros, tal es el caso del Ministro Fiscal Subrogante, Daniel Marranzino, quien hace algunas semanas, emitió un dictamen, donde claramente buscaría favorecer al ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista Jorge Yapura Astorga con argumentos vergonzosos.
En el mismo, recomendó que le sea otorgado el recurso extraordinario al actual legislador provincial, luego de que la Corte Suprema le pidiera su opinión. Una suerte de “embarrar la cancha” con el fin aparente de defender los intereses del acusado de graves hechos de corrupción, para ganar tiempo y no someterse, de momento, al juicio oral en su contra que ya está elevado con fallo unánime de la Corte Suprema. El argumento del Ministerio Público Fiscal es que se habrían violado las garantías constitucionales del acusado.
Todo esto pareciera conformar una especie de unificación de criterios con el fin de ocultar los casos de corrupción que involucra tanto a funcionarios como a legisladores. ¿Acaso se trata de colocar a familiares y amigos con el único fin de blindar con impunidad a la clase política en su conjunto? ¿Este accionar está en línea con una suerte de compromiso con el propio Gobierno nacional, que le podría haber dado luz verde a la obtención de impunidad a nuestra provincia?
No en vano, la propia titular de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar, fue una de las elegidas para conformar el grupo de notables que asistirán al presidente, Alberto Fernández, a la hora de buscar reformar la Justicia por medio de un polémico proyecto que llegará pronto al Congreso de la Nación. Resta esperar que Claudia Sbdar no dé inicio al proceso de tapar la corrupción en Tucumán en el caso de Yapura Astorga. De lo contrario, habría que preguntarse algo importante.
¿Acaso se habría sellado en la Nación un supuesto pacto de impunidad en Tucumán, a cambio de que el Gobierno nacional obtuviera legitimidad académica por medio de la actuación de Claudia Sbdar como una de las notables que asesoran a Alberto Fernández? ¿La impunidad sería una especie de moneda de cambio? Todo esto ocurre a los ojos de una sociedad desprotegida que solo atina a observar cómo los poderosos continúan acomodándose y asegurando su propia impunidad.
