El Tribunal Municipal de Faltas trabaja en la agilización del cobro de unas 450.000 multas del período 2018-2023, demoradas por el alto costo de los bonos de la justicia. Según se informó, la mayoría de las sanciones son viales y sus valores oscilan entre $45.000 y $1 millón, es decir, un promedio de $500.000.
“En ese período no se iniciaron juicios de cobros por infracciones en 450.000 causas radicadas en el Tribunal. Esto habla de una deliberada decisión de no hacer respetar las normas de convivencia y seguridad municipal”, dijo a LA GACETA Eliana Orellana, directora administrativa del organismo.
El principal inconveniente, explicó la funcionaria, es que existen normas municipales y provinciales que establecen “que no se puede iniciar (judicialmente) el cobro de una multa cuyo valor es menor a cinco juegos de bonos profesionales”, es decir, unos $250.000. “O sea, se tiene que justificar el monto de la demanda; el bono de un abogado para iniciar un expediente hoy sale $50.000”, aclaró Orellana. Tal planteo fue llevado por la intendenta Rossana Chahla a la Legislatura de Tucumán, donde fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo y por legisladores.
“Lo que se está tratando es que se cobren todas las multas, independientemente del monto mínimo o máximo que establece esa normativa”, explicó Orellana. Esto se podría hacer a partir de una modificación de la ley provincial que facilite el proceso de cobro de una multa o con un nuevo proyecto normativo. En su mayoría, las sanciones corresponden a delitos viales y sus valores oscilan entre $45.000 y $1 millón, según el tipo de infracción y la aplicación de agravantes. “Las multas de tránsito más frecuentes de ese período son: estacionamiento en zona prohibida, estacionar afectando la seguridad de tránsito, conducir utilizando dispositivos que distraen la atención, conducir sin casco, estacionar en senda peatonal, no respetar semáforos y no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día”, enumeró Orellana. También hay multas de otra naturaleza, como de Catastro, de Defensa Civil, de Bromatología, de Higiene Urbana, entre otras.
“La multa es un elemento necesario por su sentido de desalentar actos y actividades perjudiciales para el colectivo; si no se cumple la multa, no hay castigo para el infractor. Esto no es un buen ejemplo, como tampoco es positiva la inacción del municipio en lo atinente a la percepción de sus legítimos ingresos”, dijo la letrada. Y es que el propósito planteado por los funcionarios locales es que esos ingresos “sean retroalimentados dentro del municipio”. “Es voluntad de la intendenta mejorar la ciudad y cuidar a quienes la viven a diario, pero para esto es preciso educar en el sentido de respeto a las normas que regulan la convivencia. El municipio y el Tribunal de Faltas trabajará para facilitar el pago a todos los deudores por multas, sean personas físicas o jurídicas, con todas las garantías y transparencia de rigor. Nos extraña la falta de actividad procesal del municipio, por eso es que actuamos”, desarrolló Orellana.
