En la última década, el mercado de trabajo argentino sufrió un fuerte deterioro.
Además de las cifras de desempleo, que se mantiene por encima de 10% desde el primer trimestre del año pasado, se suman el crecimiento del cuentapropismo y la consolidación del trabajo informal, como así también el aumento de la proporción de asalariados que quieren trabajar más para complementar sus ingresos.
“En el año 2021 existen cerca de 800 mil desocupados más que en 2011, a pesar que desde entonces se han sumado casi 2,5 millones de personas inactivas en el mercado laboral, ya sea por su baja o elevada edad, o porque, aún ubicándose en edades en condiciones de trabajar, decidieron no hacerlo.
En simultáneo, hay 136 mil empleos asalariados formales y 425 mil informales menos que hace 10 años atrás. Así, en la última década lo único que se expandió fue el empleo público (alrededor de 600 mil puestos adicionales) y el cuentapropismo (+1,5 millones)”, sintetizó un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
El trabajo detalló que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, entre marzo de 2012 y el mismo mes de este año la nómina de empleados estatales un 24,4% mientras el empleo asalariado privado alcanzó su máximo de contratación en abril de 2018 (6,3 millones de trabajadores) para luego entrar en declive. “La cantidad de puestos de trabajo privados perdidos en los últimos tres años se acerca a 440 mil”, resaltó Ieral.
Mientras se destruyen puestos de trabajo en el sector privado y el empleo público crece pero en muchos casos ofrece salarios magros, se consolida el trabajo informal y se multiplican los cuentapropistas. Según el informe de Ieral, en la última década los inscriptos en el monotributo social crecieron 114% (creado en 2007); los monotributistas aumentaron 26% y los asalariados de casas particulares subieron 21%.
Esas cifras hablan de la precarización del empleo en la Argentina. Para el economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, se trata de un proceso que lleva varios años.
“En la práctica hay un desempleo oculto que aparece en las estadísticas expresado de otro modo porque el Indec pregunta a los ocupados si están buscando empleo. Entonces, al 10% u 11% de desocupados hay que cargarle no menos de 20 puntos más de personas que tienen alguna changa pero siguen demandando trabajo. Si a eso se suman los trabajadores informales, tenemos que casi la mitad de los trabajadores en la Argentina están desocupados o, al menos, fuera del mercado formal”, expresó.
En esa línea, de acuerdo con el último informe de mercado de trabajo que difundió el Indec, una cuarta parte de la población ocupada se identificó como subocupada (que trabaja menos de 35 horas semanales y está dispuesta a trabajar más horas), demandante de empleo (que busca activamente otro empleo) o no demandante pero disponible (que no busca activamente otro empleo pero está disponible para trabajar mas horas).
Por su parte, Joaquín Waldman, economista de Ecolatina, analizó: “Argentina es una economía a la que le cuesta mucho crear trabajo formal en los últimos años. Hubo un estancamiento, seguido de una crisis cambiaria y agudizado por pandemia, que fue destruyendo empleos formales y empleadores. La gente fue pasando al desempleo, al empleo informal o directamente a la inactividad, porque estamos viendo un efecto desaliento importante”.
Menos años de aportes
La caída del empleo de calidad no solamente afecta los ingresos de los trabajadores -que hace casi 40 meses pierden contra la inflación- sino que también generará problemas al momento de intentar jubilarse.
“Mientras se mantenga la situación de asalariados no registrados, desocupación abierta y cuentapropismo informal, casi nadie puede juntar los 30 años de aportes. A comienzos de los años 2000, se había llegado a un deterioro de las prestaciones fruto de la informalidad y cerca de un 30% de los trabajadores no se podía jubilar. Eso se resolvió con moratorias y con las jubilaciones para amas de casa, además del crecimiento del empleo formal. Ahora, otra vez, la situación se complica. Hay que prever un sistema de jubilación universal, que garantice un ingreso básico, mientras se discute como reordenar todo el sistema”, propuso Lozano.
A su turno, Waldman señaló otro punto que pone presión sobre el sistema previsional: las relaciones de dependencia encubiertas. “Muchos monotributistas, en realidad, son empleados de alguna firma pero facturan. Si bien aportan al régimen simplificado, en general pagan menos de lo que abonarían si estuvieran formalizados”, apuntó.
Durante el mandato presidencial de Mauricio Macri se dio un paso en ese sentido, con la creación de la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM), que paga el 80% de una jubilación mínima (hoy, unos $18.500) y no puede transferirse al cónyuge ante la muerte del titular. La gestión actual, en cambio, anunció recientemente un moratoria especialmente destinada a mujeres. Desde agosto, aquellas que no cuenten con los aportes necesarios podrán computar años por las tareas de cuidado de sus hijos para acceder a un haber jubilatorio pleno.
