La estrategia judicial de la ciudad de Buenos Aires para enfrentar la ley que reduce la coparticipación federal pasa por presentar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Esta vez se tratará de plantear la inconstitucionalidad de la ley -que dan por descontado que se apruebe esta semana- y esperar un fallo del máximo tribunal que podría demorar hasta el primer trimestre de 2021. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta calcula que ya perdió 10.000 millones de pesos desde septiembre pasado, según confirmaron fuentes oficiales porteñas a LA NACION.
Los abogados que asesoran al jefe de gobierno porteño ya están trabajando para reconducir la presentación original que había merecido algunas críticas puertas adentro del espacio de Juntos por el Cambio. La primera presentación fue efectuada el 18 de septiembre pasado y consistió en un recurso de amparo que incluía una medida cautelar. Buscaba retrotraer el efecto de un decreto de Alberto Fernández que había dispuesto el descuento de 150 millones de pesos de diarios de coparticipación para pagar un aumento a la policía bonaerense que se había declarado en huelga.
En ese momento la Corte no se conmovió. Envió el caso al procurador Eduardo Casal, que entendió que el caso era de competencia originaria del máximo tribunal, pero no avanzó más allá. Es que en ese momento la Corte se enfrascó en resolver el caso de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Le llevó varias semanas y cuando la Corte alumbró un fallo por el traslado de los jueces comenzó a analizar el amparo de Rodríguez Larreta. Las señales que llegaron al Gobierno de la Ciudad era que los jueces veían sólido el reclamo y había empezado a circular el expediente en las vocalías.
Sin embargo, el Gobierno avanzó con una segunda jugada con respecto a los fondos coparticipables. Al decreto inicial de septiembre, le sumó una ley que ahondaba la quita de fondos. Esa norma aprobada en el Senado fue sorpresivamente tratada y aprobada esta semana en el Senado. Las negociaciones políticas de Rodríguez Larreta en el Congreso fueron insuficientes y el proyecto fue aprobado en Diputados y volvió al Senado con modificaciones. Se incluyó la apertura de un espacio de 60 días para que la Ciudad y la Nación acuerden. Sin embargo, la Ciudad rechazó esa iniciativa. “Nos llaman a jugar un partido con cancha inclinada y el referí vendido”. Creen que ese espacio es “tramposo” e “insincero”. Por eso en la Ciudad dicen: “No lo podemos convalidar”.
La Ciudad da por descontado que se aprueba la ley y fracase la negociación por lo que ya está trabajando en sus próximos pasos. Pero la Corte, decidió congelar todos los debates internos hasta tanto la política no termine de definir el asunto. Por eso es que esperará a que el Congreso le de sanción definitiva a la ley y que pasen los 60 días previstos para la negociación política para decidir.
Larreta va a salir antes con los tapones de punta en tribunales. “Entendemos que la ley vulnera los derechos de la Ciudad”, dicen en el gobierno porteño, y señalan que implica la ruptura del “federalismo de concertación” porque las transferencias de competencias y servicios de la Nación a la Ciudad requieren de acuerdos de jurisdicciones, que sean convalidados por el Congreso y la Legislatura.
La estrategia no es ampliar la presentación anterior sino iniciar una nueva, porque el decreto de septiembre sigue vigente, no se deroga y lo que hace esta nueva ley es completarlo. Se está trabajando sobre una acción de inconstitucionalidad, que incluya una medida cautelar que frene el goteo de fondos. Calculan que desde septiembre dejaron de embolsar unos 10.000 millones de pesos.
En la Ciudad de Buenos Aires son conscientes de las dificultades que enfrentan en la Corte. SI entre septiembre y diciembre no tuvieron respuesta para reclamar por el decreto, ahora será mucho más difícil con la ley. “Somos conscientes. El decreto era una situación flagrante y clara y la Corte no tomó el caso. Ahora con la ley la tenemos más peluda, pero no por eso dejamos de tener razón”, dijo un funcionario que traza la estrategia judicial de la Ciudad.
La otra contra es el consenso fiscal que firmaron los gobernadores, que interpretan es una invitación “a punta de pistola” para suscribir o renunciar a los fondos.
