El miércoles unas horas después de que el fiscal de Guayaquil, le manifestara a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su preocupación por la presencia de la esposa y otros cuatro familiares del narco ecuatoriano José “Fito” Macías, líder de la banda “Los Choneros”, en la Argentina, César Suárez fue acribillado a balazos cuando salía de su fiscalía.
Tras esa charla con Bullrich, Suárez mandó al Gobierno una copia de un memorándum que había enviado a la fiscalía de la provincia de Manabi, Ecuador, en el que solicita una certificación de la situación judicial de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez. Se trata de la esposa de Macías, que había pasado rápidamente de enfermera a millonaria.
Apenas se filtró el memo en Ecuador, Suárez fue acribillado. Con Suárez ya son 7 los fiscales asesinados en ese país asolado por los narcos. Bullrich quedó conmovida por la noticia y no lo podía creer, contaron a Clarín fuentes gubernamentales.
Desde el 5 de enero, el gobierno nacional y la provincia de Córdoba sabían de la presencia de la familia del narcotraficante acusado del intento de golpe narco de la semana pasada, pero no había orden de detención judicial ecuatoriana ni de Interpol.
Entonces, el lunes Bullrich hizo informar de la presencia de la familia, a través de la Policía Federal, al fiscal general de Córdoba Alberto Losada y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, quienes ordenaron hacer tareas de inteligencia.
Así se empezó a investigar a la familia Macías y sus conexiones locales que le permitieron, por ejemplo, comprar una casa de entre 300 y 500 mil dólares en el countrie Valle del Golf, en Falda del Carmen, Córdoba, sin levantar alarmas.
La compra se habría hecho a través de “la empresa Jomavi SAS”, que es una sociedad por acciones simplificadas que crearon dos argentinos, informó La Voz del Interior.
Los fiscales federales investigan si hubo lavado de dinero pero saben que “es una cuestión menor frente a la amenaza para la seguridad nacional que represente Macías”. Solo tienen un boleto de compra que fue certificado por un escribano en un countrie que todavía es un fideicomiso lo que dificulta la investigación, informaron las fuentes judiciales. Y en el boleto, que habrían pagado en efectivo, figura un hermano de la mujer que vive en Chile.
La familia de “Fito” ocupaba el inmueble ubicado en el lote 5 de la manzana 6 del extenso predio del barrio que en la adyacencia cuenta con el campo del Valle Golf Club, una las exclusivas canchas diseñadas por la compañía del exgolfista estadounidense Jack William Nicklaus.
Sin embargo, lo más preocupante es que Peñarrieta ya había tenido 5 tránsitos migratorios a la Argentina entre el 14 de agosto de 2023 y el 5 de enero, cuando fue su último ingreso, según un informe confidencial que circula dentro del gobierno. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no emitieron ninguna alerta sobre su presencia en Argentina.
De todos modos, fuentes judiciales y de inteligencia estiman que su último ingreso estaba coordinado con la fuga de Macías de una cárcel de máxima seguridad en Ecuador y que el proyecto era alejar a su familia de Ecuador. “Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia escaparse de la cárcel”, dijo Bullrich el viernes en una conferencia de prensa. A su vez, el ministro del Interior, Guillermo Francos confirmó que el fiscal Suárez, asesinado en Guayaquil, investigaba el viaje de la familia a la Argentina.
En principio, el gobierno creyó que el jefe del cartel de los Choneros estaba, también, en nuestro país. Se llegaron a investigar dos pistas falsas en Rosario y el Gran Buenos Aires. Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri hablan de “narcoterrorismo” porque vinculan a Macías con una organización llamada “Olver Sinisterra, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolución de Colombia (FARC)”.
Mientras se hacían las tareas de inteligencia, una confirmación de la relación de la mujer con Macías “provino a partir de un correo electrónico que había dado en Migraciones y que fue objeto de investigación”, contó una fuente. También llamó la atención que para salir, por ejemplo al shopping Patio Olmos siempre usaban dos remiseros truchos que manejaban un Chevrolet Onix y un Renault 12.
Y era extraño que salían poco de la casa, se proveían comida con servicios de delivery y daban propinas en dólares. Alberto Bietti, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba, contó que “se pidió colaboración a investigadores ecuatorianos, quienes nos facilitaron imágenes. De ese modo, se pudo corroborar 100% las identidades”.
No fue sencillo decidir la expulsión en base a una resolución administrativa de Migraciones. Si se imputaba y detenía a Peñarrieta por lavado hubiese nombrado abogados y se hubiese quedado durante meses en el país la espera de una resolución judicial.
Entonces, Bullrich y Francos decidieron no pedir a la Justicia su detención sino anular la residencia transitoria de turistas que tenían por tres meses. La mujer y sus familiares cuando fueron notificados “no se opusieron a ser trasladados”, lo que facilitó el trámite administrativo. Por ejemplo, la deportación del narco peruano Marco Estrada Gonzalez tardó 4 años. La familia Macías tiene diez días para apelar, pero desde Ecuador. Ya no pueden volver a entrar a la Argentina.
La decisión política de la expulsión se plasmó en una resolución del director de Migraciones, Sebastián Seone, basada en informes de la PROCUNAR y de la Procuración General de la Nación sobre el llamado caso Coirón en Ecuador. Otra de las fuentes de la justicia fue la dirección General de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad.
La resolución de Migraciones, a la que accedió este diario, señala que el ministerio de Seguridad ratifica la información “respecto de la existencia de la familia del extranjero en Córdoba e informa entre otras cuestiones que la extranjera Inda Mariela Peñarrieta acumuló en pocos años propiedades, empresas y considerables ingresos millonarios en sus cuentas bancarias, siendo enfermera de profesión”.
Luego puntualiza que “la Ley Nº 25.871 y su modificatoria establece las condiciones sobre la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas y sienta en su artículo 3º los objetivos fundamentales de la misma”. Y que entre ellos, se establece el deber de “promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación”.
Por último, la resolución afirma que “la criminalidad organizada es un hecho que impacta en la población de forma directa -afectando el derecho a vivir en una sociedad segura y gozar de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y los tratados internacionales- así como de forma indirecta”. La decisión clave de Migraciones se encuadró en las atribuciones conferidas “en el artículo 29 de la Ley N° 25.565, en el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996 y el Decreto N° DECTO-2024-37-APN-PTE del 8 de enero de 2024”.
Para que el operativo fuera relámpago y secreto, Bullrich le pidió a Petri un avión de la Fuerza Aérea y luego lo hizo participar de una conferencia de prensa de un caso policial, en un hecho inédito y en línea con la decisión de aumentar el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico.
Así el brigadier general Xavier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, mandaron el avión, dijo Petri. Los ciudadanos ecuatorianos fueron llevados a la Brigada Aérea de El Palomar y el viernes fueron deportados a Ecuador en un Fokker de la Fuerza Aérea que salió desde Aeroparque y que aterrizó en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Ayer fueron liberados, pero la justicia ecuatoriana proyecta imputarlos en un caso de trascendencia internacional.
