La de hoy es una jornada clave para el futuro del juez de Impugnación Enrique Pedicone. Debe presentar su descargo en cada uno de los siete pedidos de destitución formulados en su contra, que la comisión de Juicio Político de la Legislatura admitió el pasado lunes 5. Desde que esa decisión le fuera comunicada al magistrado que denunció a Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público, transcurrieron los 15 días hábiles que la Ley 8.734 (regula el proceso de enjuiciamiento de jueces) le otorga al acusado para que se presente su respuesta.
La novedad consiste en que la comisión parlamentaria que dio acogida a todos los planteos de destitución contra Pedicone (el mismo día en que archivó los seis planteos de remoción contra Leiva) rechazó el pedido del juez de Impugnación de contestar las acusaciones en una audiencia oral y pública. Así que Pedicone deberá responder por escrito.
Los expedientes
Pedicone debe defenderse respecto de las acusaciones que ante la comisiónde Juicio Político presentaron el ciudadano Lucas Mayer y su padre, el recientemente fallecido ex magistrado Carlos Mayer; y el ex legislador justicialistas Juan Eduardo Rojas (hizo dos denuncias). Estas presentaciones son impulsadas por víctimas de delitos.
A la vez, el abogado Antonio Raed (ex legislador del PJ) sostiene que Pedicone “hizo política” con su denuncia, mientras que el letrado Alfredo Falú cuestiona la violación del secreto de las conversaciones privadas a partir de que Pedicone grabó a Fernando Valladares, el actuario que labró las actas dando fe de los audios del juez, y que luego se desdijo.
Según Pedicone, en esas grabaciones se escucha, presuntamente, cuando Leiva le pide que “maneje la intensidad” de una causa contra el legislador Ricardo Bussi. Leiva siempre negó el diálogo. La fiscala Mariana Rivadeneira dictaminó la semana pasada por la exclusión de esos audios como pruebas, argumentando que los artefactos electrónicos no fueron debidamente preservados.
