La Justicia decidió rechazar nuevamente un pedido de libertad condicional presentado por el ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Sánchez, condenado por el encubrimiento del crimen de la estudiante Paulina Lebbos, ocurrido en 2016.
Sánchez, que actualmente cumple su condena en su domicilio, fue sentenciado en febrero de 2019 junto al ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y al ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito.
Ayer, a pedido de Sánchez, se realizó una audiencia presidida por el juez de Ejecución de Sentencia, Gonzalo Ortega en la que además estuvieron presentes Alberto Lebbos, padre de la víctima, y su representante legal, Emilio Mrad.
El 21 de septiembre del año pasado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Claudia Sbdar, Stela Maris Arce y Wendy Kassar, confirmaron las condenas del juicio que había llevado adelante los jueces Dante Ibañez –presidente- y los vocales Carlos Caramutti y Rafael Macorito. Pero además dispusieron que se investigue al ex gobernador José Alperovich y al ex subsecretario de Seguridad, José Ardiles, por haber aceptado el ascenso del ex comisario Enrique García, cuando ya estaba imputado por presuntas irregularidades en la investigación del caso
Ya en mayo de este año, Sánchez había solicitado que se le otorgara la libertad condicional, al haber cumplido las ⅔ partes de la pena, pero también se había rechazado su pedido.
El crimen de Paulina ocurrió el 26 de febrero de 2006, cuando la joven salió de un boliche ubicado en la zona del ex Abasto, donde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado. Ese día, de ese día, ambas subieron a un remís color bordó: Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400 y Paulina siguió viaje supuestamente hasta la casa de su novio, César Soto, aunque nunca llegó. Pocos días después se encontró el cuerpo de la estudiante a la vera de la ruta 314, que conduce a Tapia.
Por el caso ya se realizaron tres juicios. En 2014, el ex policía García fue condenado a cinco años de prisión por el encubrimiento del crimen, al determinarse que fraguó actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver. Luego se desarrolló el juicio contra los responsables del área de seguridad de la provincia, y además se remitieron actuaciones para que investigue a posibles autores del “homicidio” (Sergio Kaleñuk, Soto y Jorge Hernán Jiménez); y por posible “encubrimiento” (Fernando Vázquez Carranza; Lilia Amelia Moyano de Colombres; Juan Pedro Cruzado; a los comisarios retirados Segundo Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana; Virginia Nazarena Mercado; Daniel Paz; Gustavo González; Rubén Urueña; Rodolfo Maruf; Mario Alberto López Herrera, entre otros), y por “falso testimonio”. Finalmente, el 20 de diciembre del año pasado se condenó a seis años de prisión al ex fiscal Carlos Albaca por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.
Durante la audiencia de ayer, los defensores de Sánchez, los hermanos Dante y José Sarmiento, volvieron a plantear la posibilidad de que se le otorgue al condenado la libertad condicional. Sin embargo, el juez Ortega lo rechazó basándose en que no se habían cumplimentado requisitos legalmente establecidos, como informes del servicio penitenciario, como la negativa del imputado a someterse a estudios psiquiátricos y sobre todo a la falta de reconocimiento de Sánchez del delito por el que fue juzgado. Pero además, advirtió Ortega que el ex jefe de Policía tiene dos procesos penales pendientes, uno por amenazas durante el juicio contra el ex jefe del servicio forense, Vázquez Carranza, y otro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por todo esto, Sánchez no gozará de otros beneficios, más allá de la prisión domiciliaria.
