La trama de la venta de terrenos fiscales en El Mollar está cada vez más clara. El fiscal Miguel Varela sigue sumando indicios que probarían que Juan Pablo Castro, un hombre de 85 años, que se moviliza a caballo y que no sabría leer ni escribir, habría tenido una participación menor en la comercialización de las parcelas que están en la Reserva de La Angostura. Ahora, el investigador cree que Jorge Cruz, el comisionado de esa localidad, puede definir la suerte procesal de al menos dos empleados y el ex titular de la subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, otros dos particulares y posiblemente una o dos escribanías.
A fines de octubre, empleados del Estado descubrieron que había ocupado parte de la zona protegida. La Policía destruyó cercados y derrumbó algunas construcciones. La fiscal de Estado Gilda Pedicone pidió la intervención judicial. Una jueza dictó una medida de no innovar para evitar que se siguieran ocupando, vendiendo y construyendo en todo el perilago como medida de protección del medio ambiente.
El procesamiento de Marcos Bolla, uno de los ocupantes del emprendimiento inmobiliario “Loteo Gaucho Castro”, aceleró la investigación del caso. A raíz de ese hecho, los otros compradores comenzaron a mostrar algunos documentos que les había entregado el vendedor y con el que supuestamente podrían demostrar que las tierras les pertenecían a él y que ellos habían adquirido las parcelas del loteo. Por esa razón, el Gobierno presentó una denuncia penal contra Castro (que en los papeles aparenta ser el titular del proyecto) y contra toda otra persona que haya tenido participación en este caso de usurpación y estafas reiteradas.
En la mira
El apellido Cruz se repite una y otra vez en esta pesquisa. Los compradores lo señalaron como el hombre que habría avalado la compra de terrenos. En el expediente figura que firmó la factibilidad de brindar el servicio de agua potable para el emprendimiento, pero tres años después de que comenzaran a comercializarlo, lo que sería una irregularidad.
Los testigos habrían señalado que los “ingenieros” Rafael Trujillo y Maximiliano Barreriro (ambos empleados de la subsecretaria de Reguralización Dominial y Hábitat) eran los responsables de la urbanización del loteo. El primero, a la hora de comercializar los lotes, según las declaraciones de algunos damnificados, los enviaba a la comuna de El Mollar para que verificaran la legalidad de los terrenos. El segundo, habría sido el responsable de firmar el anteproyecto que fue presentado en la Dirección General de Catastro para iniciar un trámite que nunca culminó.
LA GACETA intentó comunicarse con Cruz, pero no respondió las llamadas ni los mensajes. Desde que esta situación quedó al descubierto, el funcionario rompió el silencio una sola vez. Reconoció que en El Mollar se habían entregado tierras fiscales para que se construyeran viviendas. “Cuando mi padre era delegado comunal lo hizo por una mera cuestión social”, explicó.
Una orden
Desde un primer momento, los compradores señalaron a Cruz como la persona que los había aconsejado a adquirir los terrenos. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer para comprobar que las tierras eran privadas. La gente de la comuna nos decía que debíamos adquirir porque todo estaba en regla”, dijo una y otra vez Cecilia Vallejos, una de las damnificadas. “En las oficinas de la comuna nos mostraron los planos y todo. Los empleados nos exhibían los documentos para garantizar que todo estaba en regla”, agregó Alberto Cativa.
Cuando las irregularidades comenzaron a conocerse, los adquirentes difundieron un video filmado a escondidas en el que aparece Cruz tratando de llevarles tranquilidad y asegurando que todo se aclararía. Pero al no haber ocurrido eso, varios de los damnificados pasaron a aportar información que es considerada clave en la pesquisa.
PEDIDO. El delegado Jorge Cruz cuando fue filmado por compradores.
El fiscal Varela envió un oficio al titular de la comuna de El Mollar para solicitarle que en un plazo de 48 horas le informe quién o quiénes eran los titulares del emprendimiento. Hasta el cierre de esta edición, no había cumplido con el pedido. Tiene plazo hasta mañana al mediodía y, si no lo hace, su situación ante la Justicia podría complicarse. Un dato: no podría señalar únicamente a Castro, ya que existirían boletos de compraventa firmados por otras personas, especialmente por una mujer.
Empleado de años
Los últimos testimonios le dieron un inesperado protagonismo a Trujillo. Algunos reconocieron que habrían tratado personalmente con él y los que no lo conocían, señalaron que se habían enterado de su existencia por terceros. Sí coincidieron en señalar que habría sido funcionario del Gobierno y que podría haber trabajado también en la comuna de El Mollar. “Si se confirma esa versión, sería otra irregularidad porque son dos cargos incompatibles”, indicó. El fiscal Varela envió ayer un oficio para averiguar dónde y cuál era la situación laboral de Trujillo. Trascendió ayer que le confirmaron que se desempeñaba únicamente como empleado de Regularización Dominial desde hace varios años. También informaron que no tendría ningún título profesional.
El nombre de esa oficina aparece en una prueba clave en la investigación. Allí se firmó la constancia de que Castro estaba tramitando la escrituración de las tierras fiscales. Esa nota estaba dirigida a EDET para que el “Loteo Gaucho Castro” tuviera el servicio de energía eléctrica, tarea que supuestamente debía realizar Trujillo en la estructura del emprendimiento.
La nota en cuestión supuestamente habría sido firmada por Fernando Rogel Chaler, ex titular de Regularización Dominial. Sin embargo, el ex funcionario informó que la rúbrica no es la suya, por lo que los investigadores creen que podrían haberla falsificado. No se pudo indagar más sobre este punto porque el expediente iniciado en esta repartición habría desaparecido.
También se habría confirmado que los sellos utilizados en esa constancia no estaban en su poder. Pese a que su situación es cada vez menos comprometida, Varela confirmó que dejó de pertenecer al Gobierno en diciembre de 2023.
“Queremos llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo Jaldo
El gobernador Osvaldo Jaldo insistió una vez más que el Gobierno se mantiene firme en la postura de recuperar las tierras de la Reserva Natural La Angostura. “Queremos llegar hasta las últimas consecuencias por la titularidad de la Provincia”, señaló el titular del Poder Ejecutivo. “Además, aquellos que tengan responsabilidad directa o indirecta, que les caiga el peso de la Justicia. No importa que sean ex o actuales funcionarios. Queremos llegar hasta el fondo”, señaló el dirigente tranqueño. Las palabras de Jaldo fueron tomadas como un claro apoyo a la investigación que realiza la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público, por lo que no se descarta que se profundice aún más la pesquisa.
