Muchos escuchan, pero no oyen. La Argentina se encuentra hoy subsumida en un estado de desolación colectiva, con un nivel de pobreza que araña el 50% de la población, dato que nos muestra el fracaso de la clase dirigente desde la recuperación de la democracia a la fecha, de la manera más cruda posible.
A pocos días del 2021, lo viejo no se termina de ir, y lo nuevo no termina de llegar.
Cuando el 10 de diciembre de 2019 asumió el nuevo gobierno, un hecho que merece ser destacado, tanto por la continuidad democrática como por la circunstancia en sí misma de la entrega de los atributos presidenciales del mandatario saliente al electo, nadie se imaginó (ni los que salían, ni los que entraban a la Casa Rosada) la catástrofe mundial que se avecinaba.
La pandemia nos “facturará” una caída del 7% del PBI. La coyuntura extraordinaria que nos impone la recesión económica dejará tras su paso una enorme cantidad de PyMES al borde del colapso y con una importante ley “paralizada” en el Congreso, como una deuda más de nuestros legisladores con sus representados: Ley de Sostenimiento de la Actividad Económica en el marco de la Emergencia Sanitaria Pública Coronavirus-Covid-19 emergencia para Procesos de Concursos Preventivos y Quiebras.
En medio de una carrera loca por conseguir “una” vacuna, con la economía en caída libre, inflación, y más pobres que atender, esta semana nos enteramos de que cierto grupo de legisladores están “pensando” en crear algo así como el Ministerio de la Menstruación.
Me pregunto frente a esto, y ello sin perjuicio de la trascendencia del tema en sí mismo, ¿no tenemos un Ministerio de Salud para que se ocupe tanto de los temas que agobian a las menstruantes, como de los que padecen cáncer, asma, sida, alzheimer, y todo tipo de enfermedades? Somos un país pobre, que no puede darse el lujo de seguir dilapidando lo que no tiene, por caso 100 funcionarios públicos reunidos por tres horas discutiendo sobre la justicia menstrual. No porque el tema no sea importante, sino por las prioridades. El ejemplo importa y mucho, por eso la clase dirigente tiene la obligación de ser más éticos que el resto de la sociedad.
Según informa CAME, se endeudaron el 60% de las PyMES a consecuencia de la pandemia con un estimado del 46% que tiene severas dificultades para afrontar el pago de sus acreencias. Estas estimaciones calculan que 100.000 PyMES y más de 250 empresas medianas y grandes pueden llegar a quebrar o cerrar definitivamente sus puertas, con un pérdida de un millón de puestos de trabajo. Lo cual de por sí nos da un panorama preocupante para el año que está a punto de comenzar.
El dilema salud vs. economía, parece hoy claramente superado por la realidad. Nuestra nación adolece de cinco pandemias: salud, economía, seguridad, educación e intituciones, que, tras un año de gobierno debieran marcar sin dudas los ejes principales de los tres años restantes. No necesitamos un ministerio de menstruantes, sino que los que ya tenemos “funcionen” correctamente.
A lo anterior se le suma que somos el segundo país del mundo en lo que a presión impositiva se refiere. Según un informe realizado en diciembre de 2019 por Data Driven Argentina, preparado en base a datos del Banco Mundial y PWC, la presión impositiva sobre la producción alcanza al 106% de la ganancia neta antes de impuestos. Esta cifra sólo es superada por las Islas Comoras (África).
Los impuestos a la producción que gravan a las empresas, son los que colocan al país en una situación preocupante: la presión impositiva a la producción es, por amplio margen, la mayor entre todas las economías relevantes del planeta.
Un dato para tener en cuenta, ya tenemos el impuesto al viento, a los ricos, a los pobres (inflación), y ahora inauguramos la era del impuesto a las piletas. No se trata de una broma de mal gusto, sino de una idea de la comuna cordobesa de Villa Anisacate, que dispuso un impuesto de $2.000 para los inmuebles con piscinas de material (las pelopincho safaron), los fundamentos son a esta altura una anécdota más de un estado Nacional, Provincial y Municipal, empobrecido que busca recaudar para subsistir e ir tirando un poco, hasta que aclare.
En este escenario y tras un año de gobierno signado por la catástrofe del COVID-19, hay un dato que debemos mirar -sin perjuicio de que varía día a día-: el riesgo país de Perú es 122, el Uruguay es de 143 puntos, el de Panamá 150, el de Brasil 263, el de Argentina 1401. A modo de ejemplo en Europa: los Países Bajos 9, Dinamarca 10, Suiza 10, Austria 14, Bélgica 20, France 24. Los numerales cambian a diario, pero estos datos nos dan una clara muestra en tiempo real de cómo estamos hoy comparados tanto a nivel regional como a nivel mundial.
Es claro, y no podemos negarlo, la catástrofe mundial desatada por el COVID-19 cambió las prioridades de todo el mundo, a lo cual no fue ajeno el gobierno del presidente Fernández, quien tiene el difícil desafío de dejar atrás los relatos salvajes de la política, para concentrarse en la reformulación de las políticas de gobierno que nos saquen del primer lugar de los países que más pobres generan año tras año. Seguramente, ni el ministerio de la menstruación, ni el impuesto a las piletas sean el camino a seguir.
Ciertamente ese camino no pasa por el asistencialismo social, sino por la creación de puestos de empleo genuinos. Urge poner a trabajar un equipo de expertos con los sectores productivos, para generar una “lluvia” de empleos, y asumir que fracasamos con la incumplida promesa del gobierno anterior de la “lluvia” de inversiones, las que por cierto están cada vez más lejos de llegar a un país distópico como el nuestro.
Un dato “duro” para analizar es que, desde que recuperamos la democracia, la Argentina aumentó su cantidad de pobres año tras año. Otro hito nacional y popular: hay personas pidiendo un plato de comida por primera vez en su existencia. Dejaron sus vidas de clase media para “descender” socialmente. El ascenso social que otrora fue una bandera nacional, es hoy una utopía.
Debemos tener en claro que el asistencialismo social no es un logro del Estado, sino una clara manifestación de su fracaso.
No nos confiemos, si parece que tras la pandemia habremos de tocar fondo, siempre se puede estar peor. El problema central es que en lugar de generar pobres y asistirlos, debemos centrar los esfuerzos en generar más y más puestos de trabajo, hacer las reformas laborales y fiscales necesarias para que eso suceda. Se debe cuidar al empresario que da trabajo, no combatirlo. Facilitarle su tarea, no complicarla.
El empobrecimiento estructural debe dejar paso a la generación de puestos de trabajo, como forma de superar la pobreza y la falta de igualdad. La pandemia puso blanco sobre negro los errores de nuestro pasado, junto con la incapacidad de quienes nos gobernaron por casi cuatro décadas.
Más grave aún, el 64% de los menores de 17 años son pobres que hipotecan dolorosamente nuestro futuro, carecen de una alimentación adecuada, de educación, de atención sanitaria, entre otras cosas.
Guernica no es algo nuevo. Una clara muestra del grave problema que tenemos son los barrios carenciados, la mitad de los cuales son posteriores al año 2000 y el 25% son posteriores al 2010. La toma de tierras, los asentamientos, y su expansión sin ningún tipo de servicio como el agua potable, las cloacas, luz, y todas las carencias que nos podamos imaginar, viene de vieja data, haciendo más difícil aún la recuperación de las personas en situación de pobreza.
La mitad de la Argentina trabaja en negro, en la informalidad, fuera de la ley. Esto tiene un claro impacto sobre el fisco en todos sus niveles, haciendo necesario que la presión impositiva aumente sobre la otra mitad que trabaja en blanco, porque aumentan los pobres que hay que sostener. El bache asistencial es cada año más profundo.
También impacta sobre el nivel de competitividad del país en general, y sobre las capacidades de producción de nuestra nación. La mano de obra calificada es hoy una rara avis.
Todo esto termina influyendo sobre la política, porque se vota con el hambre, con la necesidad.
El mercado de pobres en que se ha convertido nuestro país condiciona la política, y hace, como el perro que se muerde la cola: da vueltas sobre los mismos problemas una y otra vez, cuando la solución claramente es la generación de empleo genuino y el apoyo a las PyMES que son el motor productivo de nuestra nación. No cuidamos lo que tenemos que cuidar.
Los impuestos en vez de bajar seguirán subiendo. El impuesto a la riqueza, que no es claramente un “aporte solidario”, constituye una demostración de marketing político direccionado al electorado que asegure los votos necesarios para ganar la elección que viene.
El impuesto “pelopincho” es una muestra de la desesperación por recaudar “algo”. La inflación, que es el impuesto a los pobres, nos demuestra el fracaso como modelo de país. Hacer un ajuste fiscal y monetario en este contexto es una tarea titánica, lo cual da cuenta que el poder de hoy se debate entre el ajuste y la distribución social. Entre salir adelante o seguir fracasando.
¿Es viable en este contexto pensar que la “repartija” de planes es el único camino que tenemos como modelo de país? Claramente no. Nos apremia realizar una reforma laboral, direccionar el “asistencialismo” no solo a los sujetos humanos que votan, sino a las empresas que emplean a los trabajadores de a pie, donde la carga fiscal es lisa y llanamente insoportable.
Se proyecta para el 2021 un IPC superior al 47%, básicamente generado por el impacto que tendrá la brutal emisión monetaria realizada en 2020, más la regularización de las tarifas de los servicios públicos. Entre todo esto, la difícil tarea de renegociar la deuda externa con el FMI, en un contexto donde la emisión monetaria -justificada por la pandemia- debería ser disminuida fuertemente, lo que genera una expectativa devaluatoria.
El 2021 también nos traerá la realidad de seguir teniendo al enemigo en “casa”. El virus seguirá dando vueltas y haciendo lo suyo: contagiar. Mientras jugamos a Los autos locos, corriendo una carrera demencial con Pier Nodoyuna tratando de conseguir una vacuna que nos ayude a paliar la crisis.
Lo cual deja de lado el concepto de crisis transitoria para pasar a una de más largo alcance, donde la limitación de las libertades individuales y el freno a la economía, ya no sean una opción a seguir. La gobernabilidad deberá ampliar sus horizontes ya que en la Argentina de las cinco pandemias crecerá el germen de protestas sociales que no serán posibles de resolver como en el pasado.
Gerado Caetano es un reconocido historiador y politólogo uruguayo, nacido en 1958, autor del libro “Historia mínima de Uruguay”. Define conceptos que, en el fondo, nos deberían generar una sana envidia. La nación está articulada con un conjunto de valores que son comunes: el respeto por las instituciones democráticas, la separación entre la iglesia y el estado, la solución pacífica de los pleitos a través de las urnas y la independencia de poderes entendida como un dogma. En esta concepción, el Derecho está primero sobre los afanes políticos, y es muy difícil que haya lugar para oposiciones irreductibles o para dicotomías de hierro contrarias al espíritu republicano.
Una dicotomía más: qué cerca y qué lejos estamos de nuestros hermanos uruguayos.
