El caso de Esteban Gónzalez, el ex empleado del Tribunal de Cuentas y yerno del mandamás del TC, Miguel Terraf, es uno de los casos de corrupción más escandalosos de la actualidad política provincial.
Pero González no está en el ojo de la tormenta desde que se hicieron famosas las escandalosas contrataciones multimillonarias que su padre, Luis González, viene haciendo como proveedor del Ministerio de Desarrollo Social, desde el año 2022. Al contrario, Esteban González saltó a la fama en el año 2012 cuando La Gaceta dió a conocer el parentezco con su yerno Miguel Chaibén Terraf, en la nota titulada «Terraf analiza siete designaciones de parientes de funcionarios y políticos«, publicada el 19 de noviembre de 2012. En esa nota, al ser consultado por esta situación, Terraf explicó que Esteban González había ingresado antes de conocer a su hija, y que después se pusieron de novios y se casaron.
En la misma nota se hace referencia a las desiganciones de un hijo del ex juex Juan Francisco Pisa; de una hija y un sobrino de Alfredo Dato, el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Tucumán; del hijo del ex vocal de la CSJT, René Goane; de una hija del ex ombudsman, Fernando Juri Debbo; y de una hija del ex legislador Jose Cúneo Vergés.
Solo con algunos de los nombres revelados en esta nota que tiene 12 años, ya se puede sospechar y dimensionar el nivel del blindaje judicial y político que Terraf supo construir en este cargo en el que lleva más de 20 años. Esto también explica quizás la celeridad con la cual se archivó el pedido de juicio político y la denuncia penal en su contra, presentada hace casi 2 meses por el letrado Marcos Rougés.
En el momento de la mencionada nota del diario La Gaceta, Terraf expresó:»Me hago cargo de lo que depende de mi, pero no del nepotismo anterior. Yo no comulgo con eso», sin embargo lo cierto es que Terraf en el momento de hacer aquellas declaraciones, llevaba ya 8 años al frente del organismo de contralor.
Fue en el año 2022, que comenzaron a autorizarse en el TC, las contrataciones de Luis Eduardo González, el padre de Esteban González y consuegro de Terraf, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. La Secretaría de Estado de Niñez Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local, fueron las principales carteras en las cuales González viene facturando. En el año 2022, el total de la facturación fue de $19.825.570; en el 2023 de $44.913.069 y en lo que va del año se van librando pagos por$179.984.191. Alimentos, chapas galvanizadas, bidones y dispensers de agua, alimentos secos, pollo, verdura,frutas y carne vacuna han sido algunos de los productos que este proveedor exitoso ha logrado venderle a las carteras del organimo estatal, que se supone, debería ser el más sensible de todos.
Como si no le hubiese bastado con cuadruplicar su facturación en relación al año pasado, en abril de 2024 González buscó expandirse en su rubro y se postuló a una licitación para proveer de bidones de agua y dispensers a Fiscalía de Estado. González fue el único oferente, pero la Comisión de Preadjudicación se expidió aconsejando que se declare fracasado el llamado a licitación, argumentando que la propuesta presentada resultaba «inconveniente económicamente a los interes del Estado».
Anteriormente, había habido una licitación previa que se había declarado desierta por falta de oferentes. Entre la primera y la segunda licitación, el TC dispuso una Comprobación Sumaria en la Fiscalía de Estado, haciendo una Auditoría de Personal, para controlar la situación de los empleados que se encontraban adscriptos o en comisión de servicios.
Empleados jerárquicos de Fiscalía de Estado, entendieron el accionar administrativo del TC, con la postulación de González en la licitación, como una maniobra extorsiva sútil, que no llegó a consumarse por la firmeza y rectitud de la Dra Gilda Pedicone de Valls, a cargo de la Fiscalía de Estado.
Días atrás, en la Acordada N°4286, del TC, se dió por concluida la Comprobación Sumaria iniciada el 13 de Marzo, sin imputar responsabilidades pero exponiendo a familiares de funcionarios jerárquicos del gabinete, que no tenían registros de ingreso ni salida de su horario laboral. En esta oportunidad, el criterio fue distinto en relación a las disitintas auditorías que viene llevando el TC en distintas reparticiones, donde se han encontrado empleados sin registrar sus asistencias, ingresos y egresos, los cuales han sido llevados a juicios de responsabilidad.
Un dato de color es que el flujo de contrataciones disminuyó y se detuvo en el tramo final del análisis del pedido de juicio político contra Terraf, siendo que el 8 de Agosto había sido publicada la Acordada N°3363, en la cual se autorizó una contratación por casi 13 millones de pesos a Gonzalez. De ahí, el proveedor entraría a cuarentena hasta la semana pasada cuando Terraf volvió a autorizar una contratación, el pasado 18 de Septiembre, esta vez por 3,2 millones, como para dar un mensaje sutil de la impunidad que siente y ostenta Terraf, que trás 20 años en su cargo, hoy está convencido que ni la justicia ni los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político se animarán a ir contra el: Algo parecido a lo que pensaba en su momento, el ex gobernador José Alperovich, que hoy lee los diarios desde el pabellón de los ofensores sexuales en el penal de Ezeiza.
