A 48 horas de producida la detención de tres sospechosos, el Ministerio Público Fiscal los imputó por el delito de asociación ilícita en concurso real por estafas reiteradas, en calidad de coautores. Este sábado, a pedido de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Especializada en Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, se solicitó la audiencia multipropósito donde se formalizaron cargos contra los acusados (dos masculinos domiciliados en Concepción -de 39 y 49 años- y la mujer -de 46 años- en Las Talitas).
Además, la Fiscal pidió se declare el legajo como asunto complejo en virtud de la pluralidad de implicados y de víctimas. “Desde fecha a determinar existió, entre los imputados y otros sujetos (aún no identificados), acuerdo previo de voluntades con el fin común de estafar a víctimas e idear un plan para ofrecer pensiones vitalicias a nombre del Gobierno de la provincia. Siendo la mujer la encargada de captar a las potenciales víctimas a quienes les ofrecía el beneficio de la pensión, para ello, las contactaba a través de su teléfono móvil, mediante la aplicación WhatsApp, garantizándoles que se trataba de un beneficio otorgado por el Gobernador de la provincia. Y que para armar la carpeta con la solicitud debían primero abonar sumas de dinero que iban desde $2.000 a $5.000 las que debían efectivizarse mediante transferencia a una cuenta (a nombre de otro de los imputados), proporcionando a los damnificados el CBU.
Asimismo, y como parte del engaño, la mujer solicitaba datos personales y les aseguraba que percibirían una pensión de por vida dentro de tres meses de iniciado el trámite en forma retroactiva a través de una tarjeta que le llegaría a su domicilio con la cual extraerían mensualmente el beneficio en un cajero electrónico con intención de inducir a error a las víctimas para que efectúen las transferencias, causándoles un serio perjuicio patrimonial”, detalló la Fiscal.
Las evidencias
La investigadora hizo mención al informe preliminar del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a los móviles de los imputados donde se pudo hacer un análisis de la relación de las personas involucradas.
En el allanamiento al domicilio de la mujer se secuestraron distintos elementos de almacenamiento electrónico siendo importante un cuaderno con anotaciones a modo de leyendas o palabras claves (tipo speach) para el ardid.
Medidas de coerción de máxima intensidad
Finalmente, la jueza actuante hizo lugar al requerimiento Fiscal y ordenó el traslado de los imputados al servicio penitenciario provincial por el plazo de seis meses. En tanto, los defensores de los encartados hicieron reserva de impugnar lo resuelto. “Resulta necesario ordenar la medida cautelar de prisión preventiva porque en caso de recuperar la libertad podrían entorpecer el trámite ya sea influyendo en testigos y posibles víctimas, además, de implicados en el hecho quienes pueden destruir, alterar u ocultar evidencias de utilidad para la investigación”, agregó Rivadeneira teniendo en cuenta la complejidad de la causa y la cantidad de medidas que restan por realizarse, entre ellas, la individualización e identificación de las víctimas con las entrevistas, los partícipes del hecho, el análisis de los teléfonos, computadoras y almacenamientos secuestrados, los oficios a las empresas prestatarias de telefonía (llamadas entrantes y salientes) y del método de pago para el movimiento de la cuenta (para determinar las transferencias que impactaron).
