Una empleada de la comuna de El Manantial fue acusada de encabezar una usurpación violenta de tierras privadas en Ohuanta, localidad de San Pablo, en un caso que terminó con la imputación de 23 personas y una orden judicial de restitución del predio a sus propietarios legítimos. La acusada, Valeria Ramasco, habría organizado la toma en junio de 2023, y según la investigación judicial, los terrenos ocupados fueron luego vendidos a terceros, incluso mientras avanzaba la causa judicial.
La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Norniella Parache, quien en una extensa audiencia de 12 horas resolvió imputar a nueve hombres y 13 mujeres por el delito de usurpación por despojo mediante violencia y amenazas. Asimismo, dispuso la entrega voluntaria del predio en un plazo de 30 días, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, la restitución será ejecutada por la fuerza pública.
El caso se originó el 17 de junio de 2023, cuando un grupo de unas 30 personas, lideradas presuntamente por Ramasco, ingresó con machetes a un terreno frente al barrio 6 Viviendas, detrás del country The Point. Según relató la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomas, los intrusos arrancaron alambrados, destruyeron plantaciones de choclos y zapallos, y forzaron al tenedor legal del terreno a retirar sus animales.
El hecho fue denunciado ante el fiscal Carlos Saltor, quien junto a Briz Tomas encabezó la investigación. Durante una inspección realizada el 11 de marzo de este año, efectivos de la Unidad Regional Oeste constataron la existencia de 10 viviendas en construcción y descubrieron que la mayoría de los ocupantes originales ya habían vendido los lotes a terceros.
Durante ese procedimiento, mientras se realizaban tareas de relevamiento planimétrico y toma de imágenes, personal policial fue agredido con palos y amenazas, lo que derivó en la detención de Ramasco y otra mujer por atentado y resistencia a la autoridad. Ambas fueron liberadas posteriormente, ya que se trata de delitos excarcelables.
Si bien en su declaración ante la Justicia Ramasco se presentó como ama de casa, la investigación reveló que ocultó su rol como empleada de la comuna de El Manantial y que tenía vínculos políticos con el comisionado local. Esta omisión generó mayor preocupación entre los investigadores por el posible uso de estructuras públicas para avanzar con acciones de usurpación organizadas.
Según la fiscalía, los acusados interfirieron en múltiples oportunidades para obstaculizar la investigación, e incluso continuaron con la venta irregular de los terrenos durante el proceso judicial. “Fue un accionar sistemático, violento y con organización en hordas”, afirmó Briz Tomas. “Usaron palos y machetes para agredir tanto al propietario como al personal policial”, agregó.
El juez Norniella Parache aceptó las imputaciones y ordenó reglas de conducta por cuatro meses para los imputados. También dispuso medidas de protección para los verdaderos tenedores del inmueble. La representante del Ministerio Público advirtió que la situación generada afecta a la sociedad en general, ya que muchos de los lotes fueron vendidos a terceros que podrían haber actuado de buena fe, sin saber que se trataba de tierras usurpadas.
La causa, que tomó estado público por la gravedad de los hechos y por la participación de una funcionaria comunal, expone una modalidad delictiva en expansión: la ocupación violenta de terrenos, seguida de fraguado de documentación y venta a particulares desprevenidos. El proceso judicial continúa abierto, con más de 20 imputados bajo investigación y medidas cautelares activas, mientras se aguarda el cumplimiento de la restitución ordenada.
